La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones sobre el uso de recursos públicos en las instituciones electorales de México, con una revisión que abarcará contratos y adquisiciones realizados durante 25 años, entre 2000 y 2025.
Este miércoles 4 de noviembre, el organismo fiscalizador informó que busca identificar posibles esquemas de corrupción, concentración de proveedores y anomalías en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La decisión surgió después de que trabajos de inteligencia y documentación solicitada a los estados revelaran indicios de operaciones que ameritan una investigación más profunda.
Investigan contratos millonarios y posibles empresas fachada
La ASF explicó que las indagatorias se desarrollarán mediante tres procedimientos: investigaciones de oficio sobre contrataciones, un análisis histórico de compras y una auditoría integral al INE y a los recursos federales ejercidos por los organismos electorales estatales.
Las revisiones también buscarán determinar si existieron acuerdos entre proveedores o vínculos indebidos con servidores públicos que pudieran haber afectado la transparencia de las licitaciones.
Como antecedente, el auditor superior, Aureliano Hernández, informó que dos grupos empresariales acumularon contratos por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas instituciones públicas.
De esa cantidad, aproximadamente 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales estatales y 430 millones al INE.
Entre las prácticas bajo investigación figuran presuntas licitaciones simuladas, subcontrataciones entre compañías relacionadas y operaciones con empresas que, pese a facturar cantidades millonarias, registraban menos de cinco trabajadores o carecían de personal.
La revisión permitirá examinar si estas condiciones fueron utilizadas para favorecer a determinados proveedores o realizar operaciones irregulares con presupuesto público.
Por su parte, el INE había expresado su disposición a colaborar con las investigaciones y proporcionar documentación para esclarecer los señalamientos.
Hasta el momento, la ASF no ha establecido una fecha para publicar los resultados, por lo que las sospechas detectadas todavía no constituyen responsabilidades administrativas o penales comprobadas.
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