La Auditoría Superior de la Federación presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un posible daño al erario superior a 600 millones de pesos, derivado de 31 expedientes de investigación abiertos durante los primeros meses de gestión de su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel. Los casos involucran a 30 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor superior destacó que las denuncias son resultado de las nuevas facultades legales otorgadas al órgano fiscalizador, que ahora puede investigar y presentar denuncias sin esperar a que concluya todo el proceso de auditoría. Con ello, afirmó, se reducen tiempos que antes podían tardar años.
La FGR será la instancia encargada de determinar las responsabilidades penales de las personas servidoras públicas identificadas en los expedientes, mientras la ASF continuará con el seguimiento administrativo y técnico de las irregularidades detectadas. Además de las denuncias penales, el organismo informó la presentación de expedientes por posibles responsabilidades administrativas graves.
Hernández Palacios Cardel también informó avances en la revisión de transferencias federales a estados y municipios, donde la ASF verificó 29 mil 736 operaciones y revisó recursos distribuidos a 2 mil 478 municipios y alcaldías. Según el balance presentado, se distribuyeron correctamente más de 300 mil millones de pesos y sólo quedó por aclarar una transferencia de 1.4 millones de pesos en una entidad federativa.
Como parte de su nueva estrategia, la ASF anunció la implementación de un modelo de auditoría integral que sustituye las revisiones fragmentadas, con el objetivo de fiscalizar el 100 por ciento de los recursos ejercidos por dependencias federales. Para este año se programaron 2 mil 244 auditorías, incluidas 209 en el ámbito federal, así como revisiones a mil 733 entes públicos de distintos niveles de gobierno.
El organismo también impulsará acciones de prevención, capacitación y profesionalización para quienes administran recursos públicos, mediante certificaciones dirigidas a tesorerías municipales y personas servidoras públicas. Además, presentó la guía “Documentar para sancionar”, con la que busca homologar criterios y fortalecer la integración de expedientes para que las irregularidades detectadas tengan consecuencias legales y administrativas.
Foto: Redes
