Ante las crecientes acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos millonarios provenientes de empresarios israelíes, el exjefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, salió en su defensa con un argumento que, si bien jurídico, elude el núcleo del problema: la responsabilidad política y ética del entonces mandatario.
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Nuño afirmó que «nunca» vio a Peña Nieto ordenar la asignación de contratos y que legalmente el presidente «no tiene esa facultad». La línea de defensa se sostiene en una interpretación estricta de la ley administrativa, pero evita abordar los indicios cada vez más sólidos de una presunta red de corrupción que habría operado durante el sexenio priista.
Según investigaciones difundidas por el medio israelí The Marker, Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos por parte de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, vinculados a contratos con el gobierno mexicano. Aunque los documentos judiciales sustituyen su nombre por una inicial, los detalles cronológicos señalan directamente al expresidente, quien ha calificado la información como “totalmente falsa” y producto de intereses ajenos.
Sin embargo, la gravedad del asunto no radica únicamente en si Peña Nieto firmó o no un contrato, sino en si su gobierno fue cómplice —por omisión o instrucción— de prácticas que facilitaron negocios oscuros con intereses extranjeros, entre ellos el uso del software espía Pegasus. Este malware, de uso militar, fue empleado para intervenir más de 15 mil teléfonos en México, incluidos los de periodistas como Carmen Aristegui y el del reportero Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017.
La defensa de Nuño también pasa por alto que el presidente, aunque no adjudique directamente contratos, es el jefe máximo del Ejecutivo y tiene injerencia sobre las decisiones estratégicas del gobierno. Si hubo recursos que ingresaron a una campaña presidencial o si desde la Presidencia se permitió el uso de Pegasus para espionaje político, la responsabilidad de Peña Nieto no puede descartarse por una cuestión meramente procedimental.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación en torno a estos hechos, y voces en la sociedad civil y el periodismo exigen que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Lo que queda claro es que la defensa jurídica no exime de responsabilidad política. Y en un país donde la corrupción ha sido uno de los principales males del sistema, declaraciones como las de Nuño solo reafirman la percepción de que los altos funcionarios aún cuentan con redes de protección para evitar enfrentar la justicia.
El caso Peña Nieto pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de que la rendición de cuentas alcance también a quienes ocupan o han ocupado el máximo poder en el país.
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