Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del llamado “plan B” electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual ya había sido avalado previamente por el Senado. La propuesta plantea reducir el gasto público electoral y modificar la integración de ayuntamientos, en línea con una política de austeridad.
El documento fue aprobado con mayoría de votos de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, mientras que PRI y PAN votaron en contra. El dictamen será discutido en el pleno de San Lázaro, donde se analizarán reservas y posicionamientos de las distintas fuerzas políticas.
Desde el bloque oficialista, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) defendió que la reforma busca “terminar con los privilegios y el gasto excesivo” en organismos electorales. Señaló que actualmente consejeros del INE perciben salarios elevados, lo que contrasta con el principio constitucional de austeridad en el servicio público.
En el mismo sentido, la legisladora Carmen Bautista (Morena) sostuvo que el proyecto permitirá ahorros superiores a 4 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a infraestructura municipal y necesidades sociales. Afirmó que la reforma implica transitar de estructuras “infladas” hacia esquemas más eficientes y orientados al bienestar.
El diputado Humberto Aldana agregó que la iniciativa busca consolidar un modelo de “austeridad republicana”, alineando el gasto público con criterios de disciplina fiscal y priorizando la inversión en obras locales.
Por el contrario, la oposición advirtió posibles riesgos institucionales. El priista César Domínguez cuestionó la falta de estudios que sustenten los ahorros proyectados y advirtió que la reforma podría ser una “cortina de humo” frente a problemas estructurales del país, además de poner en duda la eficacia de reducir el número de regidores.
En esa línea, Emilio Suárez Licona (PRI) alertó que el plan podría debilitar el federalismo y los contrapesos democráticos, al imponer límites desde el ámbito federal sobre congresos locales y órganos electorales. Señaló que la organización electoral requiere condiciones técnicas específicas que no pueden equipararse a otras áreas administrativas.
Por su parte, la panista Noemí Luna sostuvo que la reforma no garantiza ahorros reales y podría afectar la operación institucional, mientras que Movimiento Ciudadano, pese a sus críticas, votó finalmente a favor del dictamen.
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