En México, cada día 22 niñas menores de 14 años se convierten en madres, una cifra que refleja una problemática persistente relacionada con violencia sexual, falta de prevención y brechas de acceso a servicios de salud y justicia.
De acuerdo con cifras difundidas por organizaciones como IPAS Latinoamérica y el Caribe, este fenómeno no sólo representa un desafío de salud pública, sino también una violación de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, estos embarazos son producto de agresiones sexuales, muchas veces cometidas en el entorno cercano de las víctimas.
“La maternidad infantil forzada es una consecuencia directa de un sistema que falla en la protección de las niñas”, indicó IPAS, señalando que los embarazos en menores de 14 años suelen implicar complicaciones físicas, psicológicas y sociales severas.
Según especialistas, los embarazos en niñas representan riesgos elevados de salud, tanto para la madre como para el recién nacido, debido a que sus cuerpos no están preparados para la gestación. Además, estas menores a menudo son revictimizadas durante los procesos legales y médicos, dificultando aún más su recuperación integral.
En muchos casos, las niñas no reciben información sobre sus derechos o no tienen acceso a servicios especializados de atención médica, psicológica y legal, a pesar de que existen protocolos establecidos por normativas nacionales e internacionales.
Organizaciones civiles han llamado a las autoridades de todos los niveles a reforzar las políticas de educación sexual integral, atención especializada para niñas víctimas de violencia sexual y acceso a servicios de salud reproductiva.
Asimismo, destacan la importancia de que se garantice la debida diligencia en las investigaciones de agresiones sexuales contra menores, para que los responsables enfrenten consecuencias legales.
El tema del embarazo infantil ha sido visibilizado en espacios nacionales e internacionales como parte de los desafíos prioritarios en materia de derechos de la infancia y salud pública en América Latina.
