Con 349 votos a favor, 132 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que da paso a una nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual establece formalmente que esta corporación pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con estructura, jerarquías y reclutamiento alineados a los estándares militares.
De acuerdo con el dictamen impulsado por Morena y sus aliados, la Guardia Nacional será considerada una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar con formación policiaca. Con ello, los grados militares serán homologados dentro de esta corporación, permitiendo que cuente con generales, jefes y oficiales, al igual que el Ejército o la Marina.
Uno de los puntos más polémicos del debate fue el artículo 44 de la ley, el cual establece que elementos de las Fuerzas Armadas podrán solicitar licencia para contender por cargos de elección popular. Aunque los líderes parlamentarios aclararon que esta disposición ya existía, su reafirmación en este nuevo marco legal generó inquietud sobre la creciente participación de militares en asuntos civiles.
Para el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, la nueva legislación representa un paso hacia una coordinación más eficaz entre los tres niveles de gobierno, al establecer protocolos comunes, compartir inteligencia y definir tareas bajo una supervisión conjunta. Según expuso, la Guardia Nacional tendrá como objetivo principal “salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades y garantizar la paz social”.
La aprobación no estuvo exenta de duras críticas. Diputados del PRI y PAN acusaron al oficialismo de dar “un paso autoritario hacia la militarización del país”. El priista Rubén Moreira Valdez advirtió que el dictamen contradice convenios internacionales y representa un “riesgo grave para la paz y las garantías individuales”.
A su vez, legisladores como Graciela Ortiz, Emilio Lara y Verónica Martínez denunciaron que el gobierno recurre a las Fuerzas Armadas por la falta de capacidad económica y política para consolidar una policía civil profesional. “No hay recursos para construir instituciones de seguridad ciudadana, por eso se recurre a lo que ya está funcionando: el Ejército”, afirmó Lara.
Frente a este escenario, la oposición exigió que se publique la reforma al artículo 123 constitucional, que busca establecer un salario base profesional de 17 mil 500 pesos para policías municipales y estatales, con prestaciones incluidas, como un primer paso para fortalecer el modelo civil de seguridad.
Mientras tanto, la discusión en lo particular del dictamen continúa en el Pleno, con diputadas y diputados de todas las bancadas presentando reservas para modificar el texto.
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