La iniciativa del Ejecutivo federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales y expedir una Ley General de Aguas ha generado un amplio rechazo entre productores agrícolas, organizaciones sociales y especialistas, quienes advierten que el proyecto acentúa el control centralizado del agua, desconoce las realidades regionales y amenaza la viabilidad del campo mexicano.
Agricultores de distintas áreas aseguran que la reforma, aunque presentada como una medida de “justicia hídrica”, pone en riesgo los derechos adquiridos de los usuarios responsables, limita la transmisión de concesiones y transforma el acceso al agua en un permiso revocable sujeto a criterios discrecionales.
Productores del Valle de Guadalupe denunciaron que el proyecto ignora las condiciones productivas del norte del país, donde el agua subterránea es el único recurso disponible. Argumentan que las restricciones propuestas desincentivan la inversión de largo plazo, amenazan empleos rurales y minan la soberanía alimentaria, al convertir la seguridad hídrica en una decisión administrativa.
En Zacatecas y Aguascalientes, agricultores advirtieron que la eliminación de la transmisión de derechos de agua entre particulares equivale a una expropiación encubierta, pues impide heredar o vender concesiones ligadas a la tierra. Señalan que el Estado busca concentrar el control en una “reserva nacional”, generando incertidumbre jurídica y el riesgo de que las familias rurales pierdan el patrimonio construido durante generaciones.
Colectivos buscan una visión democrática y participativa
Grupos ambientales y de académicos alertan sobre el doble discurso del gobierno federal. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la reforma erradicará el “mercado del agua” y garantizará el derecho humano al líquido, organizaciones como la Coordinadora Nacional Agua para Todos aseguran que el texto mantiene intacto el modelo privatizador heredado del salinismo y fortalece el poder discrecional de la Conagua, sin corregir la sobreexplotación, el acaparamiento ni la contaminación.
Expertos como Elena Burns, exfuncionaria de la Conagua, calificaron el proyecto como una continuidad del modelo extractivista que permitió el sobreconcesionamiento de más de 200 acuíferos y dejó impunes a los grandes usuarios que sólo pagan una fracción de lo que consumen.
La iniciativa también ha sido criticada por permitir la “reasignación” de concesiones bajo control federal, lo que, según académicos y colectivos, sustituye el viejo sistema de transmisión privada por un nuevo monopolio estatal sin transparencia. Además, mantiene los Consejos de Cuenca dominados por grandes corporaciones, y deja abierta la puerta a prácticas de fracking y privatización de organismos operadores.
En los parlamentos ciudadanos realizados en estados como Jalisco, legisladores locales, investigadores y productores coincidieron en que la propuesta carece de una visión democrática y participativa, y que su aprobación sin consulta acentuaría el conflicto hídrico nacional, especialmente en regiones agrícolas dependientes del riego.
Con el pretexto de garantizar el derecho humano al agua, advierten los opositores, la reforma podría transformar un recurso vital y social en un instrumento de control político y económico, afectando tanto a comunidades rurales como a pueblos indígenas y productores que dependen del agua para subsistir.
Fotografía: Redes
