Ricardo Salinas Pliego vuelve al centro del escándalo. El empresario que ha hecho de la confrontación con el Estado su marca personal enfrenta ahora una acusación más grave que cualquier tuit incendiario: presunto lavado de dinero en casinos ligados a su conglomerado.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda informaron la suspensión de 13 casas de apuestas, dos de ellas propiedad o administradas por empresas vinculadas a Grupo Salinas, luego de detectar operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. La medida, que incluye el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apunta a un esquema financiero complejo que involucra movimientos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Según los hallazgos de Hacienda, los casinos usaban intermediarios con perfiles económicos inconsistentes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar fondos y reintegrarlos al sistema financiero, una práctica clásica del lavado de dinero internacional.
Pese a ello, Salinas Pliego no tardó en presentarse como víctima. Fiel a su estilo, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de ejercer una “persecución de Estado” y calificó la acción como “terrorismo fiscal”. En un video difundido en redes, el dueño de TV Azteca y Elektra atacó a la Suprema Corte, llamó “espuria” a la nueva judicatura y desestimó los procedimientos legales en su contra, en un intento por transformar un asunto de presunta corrupción en una cruzada personal contra el poder.
Sin embargo, más allá del discurso de víctima, los hechos son contundentes. No se trata de una revisión fiscal común, sino de una investigación internacional coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Es decir, no es un pleito político, sino un caso con trazos de crimen financiero transnacional.
Mientras el empresario insiste en su inocencia, la Unidad de Inteligencia Financiera prepara denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Salinas Pliego, conocido por su fortuna de más de 11 mil millones de dólares y su discurso abiertamente antisocial, suele recurrir a la narrativa de la persecución cada vez que el Estado intenta hacerle cumplir la ley. Lo hizo cuando el SAT le exigió el pago de más de 25 mil millones de pesos en impuestos, y lo repite ahora que la justicia lo alcanza en otro frente: el de los casinos.
El caso exhibe, además, el doble discurso del magnate: por un lado, se presenta como defensor del libre mercado y del “México productivo”; por otro, sus negocios están bajo la lupa por prácticas que socavan el sistema financiero y abren la puerta al crimen organizado.
En su comunicado, Grupo Salinas aseguró que sus filiales “cumplen con todos los requerimientos legales” y que actúan conforme a “los más altos estándares internacionales”. Pero los documentos de la UIF dicen lo contrario: movimientos atípicos, triangulación de recursos y uso de prestanombres.
Frente a ello, resulta revelador el tono de desafío que adopta el empresario. No explica los flujos de dinero ni las irregularidades detectadas; en cambio, culpa al gobierno, insulta al Poder Judicial y se parapeta tras la bandera de la libertad económica.
La narrativa de persecución ya no basta para cubrir la sombra de las cifras. La investigación no parte de rumores, sino de análisis financieros y cooperación internacional. Los casinos de Salinas Pliego no fueron cerrados por capricho político, sino por indicios sólidos de que pudieron ser usados para lavar dinero.
En un país donde la evasión fiscal y la colusión entre poder económico y crimen organizado han sido norma, el caso del empresario más mediático de México marca una prueba crucial para el Estado: si la ley puede tocar también a los intocables.
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