A partir del 1 de julio de 2026, los monopatines y motocicletas eléctricas de alta velocidad que se comercialicen en la Ciudad de México deberán salir emplacados y contar con registro oficial, como parte de una nueva política pública orientada a ordenar la movilidad urbana.
La medida también alcanzará a quienes ya poseen estas unidades, quienes deberán cumplir con el proceso de registro entre julio y noviembre. Desde septiembre comenzará la aplicación gradual de sanciones para quienes incumplan con la normativa.
Las reformas al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de la Ley de Movilidad fueron anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subrayó que el objetivo es cerrar vacíos legales y fortalecer la seguridad vial ante el crecimiento acelerado de estos vehículos.
“Queremos una ciudad que vaya encaminada a tener un orden en la movilidad”, sostuvo la mandataria, al advertir que la expansión de estas unidades ha generado tensiones en banquetas, ciclovías y vialidades primarias.
El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la regulación aplicará a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), es decir, aquellos que superan los 25 km/h y cuentan con motores de entre 250 watts y 1.34 caballos de fuerza. Se busca delimitar jurídicamente su uso y características técnicas.
La normativa establece dos categorías: tipo A, con peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, de hasta 350 kilogramos. En ambos casos, los conductores deberán tramitar licencias tipo A1 o A2, similares a las de motociclistas, y portar matrícula obligatoria.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la prohibición de circular por banquetas, ciclovías, carriles confinados y vialidades con límites superiores a 50 km/h. Además, será obligatorio el uso de casco y se sancionará conducir bajo los efectos del alcohol, en línea con criterios de protección a peatones y movilidad segura.
La jefa de Gobierno aclaró que las reformas “no tienen fines recaudatorios”, sino que responden al principio de la pirámide de movilidad, priorizando a peatones, ciclistas y transporte público sobre vehículos motorizados.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que las multas irán de 10 a 20 UMAs, equivalentes a entre mil 175 y 2 mil 350 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Actualmente, las autoridades estiman que circulan más de 200 mil vehículos eléctricos personales en la zona metropolitana, sin que exista un padrón oficial. La nueva regulación busca construir por primera vez un registro integral, con miras a garantizar una convivencia más equitativa en el espacio público.
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