La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que emitió 40 recomendaciones para fortalecer las acciones del Gobierno de México en materia de prevención, búsqueda, investigación y sanción de este fenómeno. El documento reconoce la magnitud del reto, pero también identifica avances institucionales impulsados en los últimos años, así como áreas que pueden reforzarse mediante mayor coordinación, atención a víctimas y asistencia técnica internacional.
Entre las recomendaciones centrales, la CIDH planteó evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad y fortalecer las investigaciones para esclarecer responsabilidades en casos de desaparición. También propuso mejorar los mecanismos de búsqueda inmediata, avanzar en la interoperabilidad de registros y bancos de datos, consolidar una política masiva de identificación humana y garantizar la entrega digna de cuerpos a las familias. El organismo reiteró su disposición para acompañar técnicamente al Estado mexicano en la implementación de estas medidas.
El informe destaca que México ha desarrollado herramientas institucionales relevantes para atender la crisis de desapariciones, entre ellas la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de áreas especializadas para atender a familiares y colectivos. También reconoce la conformación de mecanismos de verdad y memoria relacionados con la llamada “Guerra Sucia”, así como mayores esfuerzos forenses y registros nacionales de personas desaparecidas y no identificadas.
La CIDH valoró además la nueva estrategia de seguridad pública impulsada en 2025 por el Gobierno de México, particularmente por su enfoque de atención a las causas, orientado a reducir factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia. En esa misma línea, el organismo subrayó la importancia de ampliar apoyos económicos, atención integral y medidas de protección para las familias buscadoras, quienes han desempeñado un papel clave en la búsqueda de verdad y justicia.
De acuerdo con el documento, hasta junio de 2025 se registraban más de 128 mil personas desaparecidas en el país, además de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado. La Comisión señaló que muchas desapariciones están vinculadas con el crimen organizado, aunque también advirtió la persistencia de casos de desaparición forzada relacionados con autoridades locales o corporaciones de seguridad. El fenómeno afecta de manera diferenciada a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes.
Pese a los avances señalados, la CIDH advirtió que México aún enfrenta desafíos importantes en materia de impunidad, judicialización y sentencias, frente a la dimensión del problema. No obstante, el informe plantea que estos retos pueden atenderse mediante mayor coordinación institucional, fortalecimiento de capacidades forenses y ministeriales, y una política centrada en las víctimas. También consideró positivo que la Suprema Corte haya reconocido la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “Guerra Sucia”, incluidas las desapariciones.
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