La violencia en la sierra de Michoacán escaló de manera alarmante contra ambientalistas de Madero, un municipio donde la defensa del bosque se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por un operador identificado por habitantes como el Sierra 1, ha impuesto amenazas, persecución y sentencias de muerte contra defensores que denuncian la tala ilegal, la extracción clandestina de agua y el control territorial del crimen organizado.
Los más recientes atentados ocurrieron la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, cuando comandos armados atacaron a balazos las viviendas de los activistas Javier Gómez y Guillermo Saucedo, integrantes del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida. Según testimonios recabados, los agresores irrumpieron en la comunidad de El Sangarro con vehículos identificados con el grupo criminal, abrieron fuego contra casas y vehículos e incluso mataron a una mujer que pasaba por la zona. Los defensores lograron huir hacia el monte, donde se ocultaron hasta el amanecer.
Lo ocurrido evidenció una ausencia total de autoridad que se ha impuesto a lo largo de muchos años. Los activistas afirmaron que pidieron ayuda urgente al alcalde Juan Carlos Gamiño, quien les respondió que la policía municipal no lo obedecía. La tardía llegada de agentes —horas después de los ataques— sólo confirmó para la población lo que desde hace años denuncian: que la policía local está rebasada o, peor aún, opera en sintonía con los grupos delictivos.
Las sospechas crecieron cuando, en uno de los vehículos abandonados por los agresores, se encontraron documentos y facturas vinculadas al municipio. Testigos relataron también que en semanas previas sujetos armados ingresaron a la presidencia municipal para reunirse con el alcalde, mientras los policías se apartaban del lugar. Para ambientalistas y pobladores, la actuación del gobierno municipal no solo es insuficiente, sino que envía un mensaje de permisividad frente al control criminal.
Un territorio de bosque, extorsión y muerte
El ecosistema serrano de Madero se ha convertido en un botín para estructuras criminales que controlan la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la producción de resina, la siembra de aguacate y el acceso al agua. Resineros, campesinos y productores locales denuncian extorsiones que pueden alcanzar hasta la mitad de sus ingresos. Quien no paga, es amenazado o asesinado.
El caso de Modesto Gutiérrez —resinero extorsionado y luego ejecutado tras no poder cubrir las cuotas criminales exigidas— refleja el nivel de deshumanización de los grupos armados. Líderes ambientales como Julio Santoyo advierten que las bandas operan con métodos de extrema violencia y actúan con la confianza de que no serán perseguidas.
Pese a que la Guardia Nacional y la Guardia Civil han realizado operativos esporádicos, éstos no han logrado desarticular a los grupos que operan desde hace más de una década en el bosque. Las intervenciones suelen derivar en enfrentamientos, tras los cuales los agresores se internan en zonas montañosas donde los cuerpos de seguridad no los siguen. Las denuncias por desapariciones, ejecuciones y ataques se acumulan sin avance ni esclarecimiento, lo que ha consolidado un ambiente de impunidad total.
El costo de defender un bosque en Michoacán
La reciente activación del Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán exhibe un doble rasero en la política de seguridad del gobierno: durante años, las autoridades minimizaron o ignoraron las denuncias de ambientalistas perseguidos, desplazados y asesinados por el narco en la sierra, pese a los llamados urgentes para frenar la violencia en regiones donde el Estado prácticamente había renunciado a su presencia. Sin embargo, tras el asesinato del político Carlos Manzo —que generó una ola inmediata de atención mediática— el gobierno reaccionó con despliegues policiales, mesas de seguridad y pronunciamientos públicos. La diferencia entre la indiferencia hacia defensores del bosque y la respuesta acelerada ante la muerte de un actor político revela una política de seguridad reactiva, mediática y profundamente desigual, donde la vida de quienes protegen el territorio parece valer menos que la de quienes ocupan cargos públicos.
Los activistas viven en una situación límite: han reducido sus recorridos, se mueven con cautela y piden medidas de protección que apenas les han sido concedidas parcialmente. La circulación de amenazas recientes, incluso con fotografías de activistas y líderes políticos asesinados en meses pasados, agudiza el clima de terror.
En Madero, la violencia ya no sólo es una amenaza ecológica: es el reflejo de un colapso institucional donde el crimen dicta quién vive, quién trabaja y quién protege el territorio. Defender el medio ambiente, en esta región, no es un acto de activismo: es un riesgo de vida ante un Estado que parece haber renunciado a su responsabilidad más elemental.
Fotografías: Redes
