El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades millonarias en el manejo de recursos públicos, que también involucran señalamientos contra integrantes de su familia.
Este miércoles 4 de noviembre, Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, presentó dos denuncias penales relacionadas con posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y uso indebido del presupuesto gubernamental.
La primera denuncia señala a Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Investigan presuntos contratos y transferencias millonarias
Según Flores, la administración encabezada por el gobernador emecista habría utilizado una red de proveedores para transferir dinero público hacia empresas y despachos vinculados con su entorno familiar.
Los denunciantes señalaron operaciones por aproximadamente 7 mil 200 millones de pesos, cuyo origen, destino y posibles beneficiarios solicitaron esclarecer mediante investigaciones financieras.
La dirigente morenista pidió revisar los contratos gubernamentales, identificar a quienes autorizaron los pagos y determinar si existieron conflictos de interés o beneficios particulares.
Los cuestionamientos ponen bajo escrutinio la administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, especialmente por los posibles vínculos entre proveedores gubernamentales y negocios familiares del mandatario.
También denuncian al alcalde de Monterrey
La segunda denuncia fue presentada contra Adrián de la Garza, alcalde priista de Monterrey, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de energía solar celebrado con la empresa Next Energy.
Flores sostuvo que el convenio habría provocado una afectación económica estimada en 7 mil 370 millones de pesos, por lo que solicitó investigar las condiciones de contratación y el destino de los recursos involucrados.
La denunciante pidió la intervención de autoridades fiscales y financieras para reconstruir las operaciones señaladas.
Las acusaciones deberán ser investigadas por la FGR y, hasta el momento, no constituyen pruebas concluyentes de responsabilidad penal contra los funcionarios y familiares mencionados.
Fotografía: Redes
