La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reforzar la política de transparencia del Gobierno de México, con el propósito de garantizar que la información en poder de las instituciones públicas sea accesible para la ciudadanía y que las reservas de documentos ya no dependan del criterio de los funcionarios.
Durante la conferencia matutina de este martes 4 de agosto, la mandataria explicó que el nuevo instrumento establece lineamientos específicos para definir qué información puede mantenerse reservada, limitando esa posibilidad únicamente a casos relacionados con el interés público y la seguridad nacional.
“El pueblo tiene derecho a la información, es un derecho constitucional, información plural (…) toda la información en posesión de cualquier autoridad que ejerza recursos públicos es pública y sólo podrá ser reservada por temas de interés público y seguridad nacional (…) con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que no puede informarse”, afirmó.
Sheinbaum también anunció que, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, enviará una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia e incorporar de manera permanente las disposiciones contempladas en el decreto presidencial.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el decreto fortalece el principio de máxima publicidad y elimina la discrecionalidad en la clasificación de información.
La funcionaria explicó que actualmente existen múltiples supuestos de reserva, los cuales serán simplificados para concentrarse únicamente en dos criterios.
Asimismo, indicó que incluso en aquellos casos donde la información deba mantenerse protegida por motivos legales o de seguridad, las dependencias deberán elaborar versiones públicas de los documentos correspondientes.
El decreto establece nuevas obligaciones de transparencia para dependencias y entidades del Gobierno Federal, con información adicional a la que actualmente exige la legislación.
Entre las principales medidas destacan:
- Publicación mensual de contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal.
- Mayor transparencia sobre finanzas, gobierno corporativo y contrataciones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
- Difusión del Programa Anual de Fiscalización, avances de auditorías y seguimiento de observaciones emitidas por órganos internos de control.
- Publicación del padrón y designación de despachos auditores externos.
- Invitación a estados, municipios y otros poderes para adoptar la política de máxima publicidad.
De acuerdo con Buenrostro, toda esta información será concentrada y actualizada de forma permanente en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de facilitar su consulta por parte de la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
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