La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que haya existido un pacto de impunidad entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su antecesor Enrique Peña Nieto, tras darse a conocer una nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado a la compra del sistema de espionaje Pegasus.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que corresponde exclusivamente al fiscal general Alejandro Gertz Manero explicar por qué no se avanzó en las investigaciones en sexenios anteriores y reiteró que su administración no protegerá a nadie:
“No hubo pacto de impunidad. Hubo incluso una consulta pública sobre si se debía juzgar a los expresidentes. No se alcanzó el número suficiente de votos, pero existió esa consulta”.
La presidenta insistió en que será la FGR quien deberá ofrecer mayores detalles sobre los elementos probatorios en el caso Pegasus, luego de que Gertz Manero revelara el martes que existen denuncias contra Peña Nieto desde inicios del gobierno anterior, aunque hasta ahora sin pruebas suficientes para proceder judicialmente.
Las declaraciones de Sheinbaum se dan después de que medios internacionales revelaran que empresarios relacionados con la firma israelí NSO Group, creadora del software espía Pegasus, habrían realizado pagos millonarios en beneficio del expresidente Peña Nieto, lo que motivó la apertura de una nueva investigación penal. Remarcó Sheinbaum:
“El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, son los encargados de explicar con más detalle este asunto”.
Gertz Manero, por su parte, indicó que la colaboración con las autoridades de Israel ha sido difícil, y que otros casos sensibles como el de Ayotzinapa también se han visto obstaculizados por esta situación. Sin embargo, afirmó que las recientes revelaciones sobre los sobornos podrían constituir una base sólida para reactivar las indagatorias.
Pegasus, un sofisticado software de espionaje, ha sido criticado internacionalmente por su uso para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y opositores políticos. En México, el programa fue presuntamente utilizado durante el gobierno de Peña Nieto para espiar a diversos actores públicos.
Finalmente, la presidenta subrayó que su gobierno seguirá apostando por la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones de justicia, dejando claro que cualquier señalamiento debe investigarse a fondo, sin excepciones.
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