Claudia Sheinbaum volvió a respaldar la reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta llegará este martes 22 de septiembre al Pleno de la Cámara de Diputados, después de haber sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 8 de septiembre.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que el objetivo de la iniciativa es evitar que una persona que encabece uno de los poderes ejecutivos del país mantenga obligaciones políticas o jurídicas frente a otro Estado. Desde su perspectiva, quien represente a México desde esos cargos debe conservar únicamente la nacionalidad mexicana mientras compita por el puesto y durante el ejercicio de sus funciones.
Sheinbaum señaló que la medida no pretende impedir que los mexicanos cuenten con una segunda o incluso una tercera nacionalidad. La restricción se aplicaría únicamente a quienes busquen ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina. En caso de contar con otra ciudadanía, la persona tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata.
Restricción se concentraría en cargos ejecutivos
La presidenta también se refirió a las inquietudes expresadas por mexicanos que viven en Estados Unidos. Según explicó, la iniciativa no limitaría su participación política en México de manera general ni modificaría su derecho a conservar distintas nacionalidades, siempre que no pretendan competir por alguno de los cargos incluidos en la reforma.
El proyecto plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Además de exigir la renuncia previa a una segunda nacionalidad, establece que quien ocupe alguno de estos cargos no podrá adquirir otra ciudadanía, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos vinculados con otro país ni solicitar su protección diplomática.
Sheinbaum sostuvo que la reforma busca eliminar ambigüedades del marco constitucional vigente y fijar una regla expresa para las máximas responsabilidades ejecutivas. El tema será discutido en San Lázaro, donde las distintas fuerzas parlamentarias definirán si la propuesta alcanza la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
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