El Congreso de Estados Unidos elevó la presión sobre México por su política energética al presentar una iniciativa bipartidista que busca obligar al gobierno de Donald Trump a exigir el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) frente a lo que consideran prácticas discriminatorias que favorecen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La propuesta, denominada “Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano” (Mexican Energy Trade Enforcement Act), fue presentada por el republicano texano Jodey Arrington, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, y respaldada por el demócrata Henry Cuellar, junto con los legisladores Carol Miller, Nathaniel Moran, Beth Van Duyne, Aaron Bean y August Pfluger.
El proyecto plantea otorgar respaldo legislativo al presidente Trump y al representante comercial, Jamieson Greer, para iniciar un panel de solución de controversias con México, en el marco del Capítulo 31 del T-MEC, al considerar que el país ha incumplido compromisos en materia energética. Asimismo, se propone utilizar la revisión del tratado en 2026 como mecanismo de presión para forzar al gobierno mexicano a otorgar “acceso equitativo” a las empresas estadounidenses.
Según los congresistas, las políticas implementadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenidas por la administración de Claudia Sheinbaum han restringido la participación privada y favorecido a las empresas estatales, limitando la competencia en sectores estratégicos como generación eléctrica, transporte de gas y energías renovables.
El impulso legislativo ha recibido apoyo de las principales organizaciones empresariales del sector energético en Estados Unidos, entre ellas la Cámara de Comercio (U.S. Chamber of Commerce), el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, que representan a más de mil compañías.
Estas agrupaciones acusan al gobierno mexicano de crear un entorno anticompetitivo mediante trámites excesivos, inspecciones injustificadas y beneficios regulatorios para Pemex y CFE.
México consolida su soberanía energética bajo nuevo modelo estatal
En respuesta, la Secretaría de Energía (Sener) negó las acusaciones de dumping o trato preferencial hacia Pemex y CFE e insistió en que “México no viola sus obligaciones internacionales ni restringe la participación de empresas extranjeras”, al tiempo que recordó que el tratado ya prevé mecanismos de solución de controversias para atender posibles inconformidades.
A más de un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ha afirmado que México “avanza con paso firme” hacia la soberanía y justicia energéticas, gracias a un nuevo modelo que restablece la rectoría del Estado y fortalece a Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas.
La funcionaria ha destacado que las reformas constitucionales y legales recientes dieron al Estado mayores atribuciones para conducir el desarrollo energético. Como resultado, se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE), se expidieron ocho nuevas leyes, se actualizaron tres y se publicaron seis reglamentos que conforman el nuevo marco jurídico del sector.
Por otro lado, González Escobar ha señalado que el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica nacional, a través de instituciones como el INEL, ININ, IMP y CFE, es clave para consolidar un sector energético fuerte, soberano y sostenible.
La iniciativa estadounidense se produce a menos de un año de la revisión general del T-MEC, programada para julio de 2026, y el endurecimiento de la postura en Washington podría obligar a la administración de Sheinbaum a reconsiderar su política energética.
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