Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad un paquete integral de reformas para endurecer las penas contra el delito de despojo y reforzar la seguridad jurídica en materia de propiedad y vivienda.
La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, reforma el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado locales. Su objetivo es frenar la ocupación ilegal de inmuebles y sancionar las prácticas fraudulentas que afectan a miles de familias en la capital.
Penas más altas y nuevas agravantes
El dictamen eleva la pena mínima a seis y la máxima a once años de prisión, con multas de hasta mil unidades de medida y actualización (más de 113 mil pesos) para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral. En casos agravados, la sanción podrá llegar hasta 22 años de cárcel.
Entre las nuevas circunstancias agravantes se incluyen los despojos cometidos:
- contra personas adultas mayores, con discapacidad, menores o mujeres embarazadas;
- mediante suplantación de identidad, simulación de autoridad o uso de documentos falsos;
- cuando participen funcionarios públicos, notarios o grupos organizados;
- o si el inmueble está dentro de un área natural protegida.
La reforma también equipara al delito de despojo los casos en que, tras requerimiento de la autoridad, una persona mantenga la ocupación o impida el disfrute material del bien, actualizando el delito durante todo el tiempo en que se prolongue la invasión.
Responsabilidad notarial y cambios civiles
En la Ley del Notariado, se establece la responsabilidad directa del notario cuando, por negligencia o mala fe en la verificación registral o documental, sus actos deriven en despojos. En esos casos, podrá ser sancionado penalmente.
El Código Civil incorpora la presunción de mala fe cuando la posesión derive de actos jurídicos simulados o títulos que el poseedor sabía inválidos, o de contratos no inscritos en el Registro Público con el fin de obtener beneficios indebidos. Además, se declara nulo todo acto jurídico que encubra un despojo mediante simulación contractual.
Impacto social y político de la reforma
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que estas modificaciones fortalecen la certeza jurídica del mercado inmobiliario y desincentivan prácticas ilegales que vulneran la estabilidad social.
Por su parte, legisladores de oposición como Diego Garrido (PAN) respaldaron el dictamen y destacaron que la reforma beneficiará a más de 29 mil familias afectadas por despojos en la Ciudad de México.
A pesar de algunos reclamos por la falta de inclusión de propuestas adicionales de otras bancadas, la reforma fue aprobada por unanimidad y turnada al Pleno del Congreso para su discusión final.
Cifras y urgencia de la medida
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, hasta el 15 de julio de 2025 se habían registrado 2 mil 245 denuncias por invasión de inmuebles, un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, que cerró con 3 mil 643 denuncias.
Las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero concentran el mayor número de casos, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de un marco legal más severo.
La iniciativa marca el primer gran esfuerzo de la administración de Brugada por establecer una política de seguridad patrimonial integral, donde los derechos de propiedad, vivienda y certeza jurídica se fortalezcan frente a redes delictivas que operan mediante violencia, colusión con autoridades y uso de documentos falsos.
Caso Cuba 11: vecinos impulsan reforma ciudadana para frenar desalojos arbitrarios
A la par del debate legislativo, el caso de las 19 familias desalojadas del predio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, ha puesto en evidencia la urgencia de regular los despojos simulados y garantizar que los desalojos no vulneren derechos humanos.
Los habitantes, que permanecen en un campamento frente al inmueble desde el 27 de agosto, acusan irregularidades y abuso de autoridad durante el operativo y han denunciado actos de hostigamiento en las semanas posteriores.
En respuesta, preparan una iniciativa ciudadana que buscará modificar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, el Código Civil, el Código Penal y la Ley Registral de la CDMX. Su propuesta incluye:
- Tipificar el “despojo simulado”, es decir, cuando se usa infraestructura institucional o documentos oficiales para disfrazar desalojos.
- Obligar a los jueces a verificar la legalidad de cada procedimiento y proteger los derechos de las personas afectadas.
- Establecer los desalojos como último recurso, previa búsqueda de conciliación o entrega pacífica.
- Requerir la presencia de la Comisión de Derechos Humanos y del Invi durante todo desalojo.
- Publicar las órdenes en la Gaceta Oficial y notificar con anticipación razonable a las personas afectadas.
- En caso de fraude procesal, permitir que el inmueble sea destinado a vivienda social a través del Invi.
Los vecinos prevén organizar foros y recolectar firmas para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso capitalino, con el fin de que la nueva legislación contemple la dimensión social y humana de los desalojos.
El caso Cuba 11 se ha convertido así en un símbolo de la tensión entre el derecho a la propiedad, la política de vivienda y la protección de los derechos humanos en la Ciudad de México, y conecta directamente con el espíritu de las reformas aprobadas por el Congreso: cerrar el paso a los abusos y garantizar que la justicia patrimonial tenga rostro social.
