Ciudad de México, 31 de marzo de 2026.— La reforma constitucional para poner fin a las llamadas pensiones doradas en el sector público ya alcanzó el respaldo necesario en los Congresos estatales. Con al menos 18 legislaturas locales a favor, el cambio legal está prácticamente aprobado y sólo falta la declaratoria formal del Congreso de la Unión.
La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que las pensiones de exfuncionarios que ocuparon cargos directivos no podrán superar la mitad del salario de la Presidencia de la República. Con ello, se busca reducir los beneficios considerados excesivos dentro del servicio público.
De acuerdo con el proceso legislativo, 16 Congresos estatales aprobaron la reforma por unanimidad. Entre ellos se encuentran Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guerrero. Otros dos estados, Baja California y Zacatecas, la avalaron por mayoría.
Una vez que el Congreso federal emita la declaratoria de validez, el Ejecutivo ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, la medida entrará en vigor.
Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el salario mensual bruto de la Presidencia es de 193 mil 706 pesos. Tras impuestos, el ingreso neto es de 134 mil 290 pesos. Bajo esta referencia, el nuevo tope para pensiones quedará por debajo de la mitad de ese monto.
En términos prácticos, las pensiones de más de seis mil exfuncionarios se ajustarán. El cálculo estima un máximo de 96 mil 853 pesos brutos al mes, que se traducen en alrededor de 67 mil pesos netos después de deducciones.
La reforma busca cerrar brechas dentro del servicio público y alinear los ingresos de retiro con criterios de austeridad. Con ello, se refuerza el principio de que ningún servidor público puede recibir percepciones por encima de lo establecido para la titular del Ejecutivo federal.
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