Los gobiernos estatales deberán armonizar sus marcos jurídicos para fortalecer el combate al delito de extorsión a más tardar el último día de enero, de acuerdo con los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Según lo establecido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los gobernadores están obligados a presentar ante sus respectivos Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa necesarias para homologar sus leyes en esta materia.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para las fiscalías o unidades especializadas encargadas de la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, con el fin de estandarizar criterios y procedimientos a nivel nacional.
Entre los acuerdos también destaca el 07/LII/2025, que establece los Lineamientos de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la cual formará parte del Sistema Nacional de Información. El objetivo es garantizar que esta base de datos cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su correcto funcionamiento y consulta.
El SESNSP deberá emitir los lineamientos para la operación, funcionamiento y conservación de dicha Base Nacional en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo.
Asimismo, se determinó que, a más tardar el último día hábil de agosto, el SESNSP elaborará y emitirá —en coordinación con la Secretaría de las Mujeres— una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres, con el propósito de fortalecer la atención integral a víctimas.
Otro de los puntos relevantes es la transición del Certificado Único Policial (CUP) hacia una Certificación Básica Policial (CBP). Para ello, se estableció que el SESNSP deberá elaborar la metodología correspondiente a más tardar el último día hábil de junio de 2026, buscando garantizar una transición ordenada y alineada con la Política Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública, así como impulsar la profesionalización policial.
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