Ciudad de México. La opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tráfico ilícito de armas respalda la postura que ha sostenido México durante años frente a la violencia armada en la región, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con la cancillería, el tribunal interamericano estableció que los Estados deben actuar con “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas de fuego, incluso cuando estas actividades sean realizadas por empresas privadas.
El pronunciamiento señala que los países deben adoptar controles efectivos para evitar que las armas terminen en el mercado ilegal, además de implementar mecanismos que permitan identificar su origen y rastrear su circulación. Entre las medidas señaladas están el marcaje, registro y rastreo de armas, así como el fortalecimiento de la gestión de arsenales y del armamento decomisado.
La Corte también enfatizó que las víctimas de la violencia armada tienen derecho a recursos judiciales efectivos, y que los Estados deben cooperar entre sí para enfrentar el tráfico ilícito de armamento.
Según la SRE, la opinión consultiva refuerza la postura mexicana de que las empresas privadas tienen un papel relevante en la violencia armada, ya que decisiones comerciales negligentes o la falta de controles en la venta y distribución de armas pueden afectar la seguridad y el bienestar de la población.
La resolución se deriva de la solicitud que México presentó en 2022 ante la Corte para interpretar la responsabilidad de fabricantes, distribuidores y vendedores de armas cuando prácticas negligentes impactan los derechos humanos.
Durante ese proceso, el gobierno mexicano argumentó que la comercialización irresponsable de armas contribuye de manera significativa a la violencia armada en la región, afectando derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
La cancillería agregó que esta opinión también refuerza los argumentos de México en los litigios estratégicos que mantiene contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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