Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, pidió ampliar las investigaciones sobre su asesinato hacia funcionarios y colaboradores cercanos a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal, al considerar que existen posibles vínculos que todavía deben esclarecerse.
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el subsecretario de Gobierno de Michoacán sostuvo que algunas personas relacionadas con el entorno del Ayuntamiento aparecen en distintas líneas de investigación del homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
El funcionario cuestionó la permanencia de determinados colaboradores en la administración municipal y acusó a Quiroz de proteger políticamente a personas que, según sus señalamientos, deberían ser investigadas.
Entre los nombres mencionados figuran Esteban Constantino, responsable del área de Obras; Rosa Alejandra Flores Vargas, funcionaria de Bienestar; el diputado Carlos Tafolla y el regidor Víctor Hugo Saladitas.
También señaló a Alejandro Flores, exintegrante del equipo de seguridad, y a Samuel García Rivero, identificado en reportes del caso como uno de los detenidos. Asimismo, recordó que el exjefe de escoltas José Manuel Jiménez Miranda permanece prófugo.
Cuestiona manejo de evidencias y posibles vínculos criminales
Juan Manzo afirmó que Esteban Constantino tuvo inicialmente bajo su resguardo teléfonos celulares pertenecientes a Carlos Manzo, y cuestionó que esos dispositivos fueran entregados a Grecia Quiroz en lugar de ponerse directamente a disposición de las autoridades investigadoras.
El subsecretario también relacionó sus sospechas con los vínculos familiares que, según indicó, existen entre algunos colaboradores municipales y personas detenidas por presuntas actividades delictivas.
A pocos días del primer aniversario del homicidio, Juan Manzo acusó a la alcaldesa de favorecer un ambiente de impunidad y consideró que las tensiones podrían estar relacionadas con los intereses políticos rumbo a las elecciones de 2027.
Por su parte, Grecia Quiroz rechazó tener vínculos con la delincuencia organizada y exigió que las acusaciones se respalden con pruebas. Además, atribuyó las declaraciones de su cuñado a posibles intereses electorales.
Hasta ahora, los señalamientos contra la alcaldesa y los funcionarios mencionados no constituyen pruebas de responsabilidad penal, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para ampliar las investigaciones.
Fotografía: Redes
