14 DE AGOSTO DE 2025. Kevin Gil Acosta, alias «El 200», y Martín Zazueta Pérez, alias «El Piyi», no son simples peones en el tablero del Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de EE.UU. los identifica como líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Gil Acosta era el cerebro detrás de la protección de los laboratorios y rutas de distribución de fentanilo. Se le acusa de traficar personalmente el devastador opiáceo sintético fabricado en estos centros de la muerte.
Zazueta Pérez, por su parte, era la fuerza bruta, un sicario responsable de sembrar el terror en Sinaloa a través del secuestro, la tortura y el asesinato. Su arsenal, según el informe, incluía ametralladoras y otras armas de grado militar, muchas de ellas remitidas desde armerías estadounidenses.
La información recabada y disponible desde ayer para consulta pública en el sitio del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla con escalofriante precisión cómo operaban. Ambos participaron en violentos ataques contra las fuerzas armadas y el gobierno mexicano.
El punto de inflexión fue la fallida captura de uno de Los Chapitos en octubre de 2019, un día que se convirtió en una pesadilla para las autoridades mexicanas. Gil Acosta, liderando un grupo de sicarios, desató una ráfaga de fuego con fusiles de asalto AK-47, M-16 y AR-15. Zazueta Pérez, no se quedó atrás, pues con un AR-15 y un lanzagranadas, también atacó a los agentes.
Pero el informe del Departamento de Justicia no revela un factor incómodo: qué parte de esta información pudo obtenerse -si tal fue el caso, pues el lujo de detalle del informe da mucho en qué pensar- gracias a la cooperación de Joaquín Guzmán Loera y sus familiares, ahora informantes de la justicia estadounidense.
De sicarios del cártel a acusados en EE.UU.: el camino de la justicia
En un giro dramático, el pasado 12 de agosto, Gil Acosta y Zazueta Pérez, junto con Leobardo García Corrales, alias «Leo«, un proveedor de fentanilo en cantidades masivas, fueron trasladados a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La extradición se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional de México. Como presuntos criminales buscados, fueron presentados ante el juez Henry J. Ricardo y puestos bajo custodia, un destino sombrío que marca el final de su reinado de terror en México.
Ahora, los tres hombres enfrentan cargos federales de alto calado. A Gil Acosta y a Zazueta Pérez se les acusa de una conspiración para el tráfico de fentanilo, un cargo que conlleva una pena de prisión obligatoria de 10 años y podría llegar hasta la cadena perpetua. Además, ambos están acusados de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, lo que añade 30 años de prisión a su posible sentencia.
Las complejidades legales que enfrentan son enormes, y la presunción de inocencia, aunque garantizada, se ve opacada por la gravedad de los cargos y el peso del testimonio de quienes un día fueron sus líderes. La resolución de este caso marcará un hito en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad.
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