El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, marca un decomiso histórico y pone bajo la lupa los antecedentes de la terminal donde fue localizado el hidrocarburo. La instalación, ubicada en la comunidad de La Fragua y operada por Gas Natural del Noroeste, alcanzó una capacidad autorizada cercana a los 100 millones de litros después de una serie de permisos y ampliaciones otorgados durante administraciones anteriores. El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión las decisiones tomadas durante gobiernos vinculados al PAN en Guanajuato y al PRI a nivel federal.
Los antecedentes de la planta se remontan a la administración municipal 2012-2015, encabezada por el panista Filiberto López Plaza, cuando se autorizó la instalación de la empresa en la comunidad. En 2017, el Ayuntamiento aprobó modificaciones para permitir el desarrollo de una terminal de almacenamiento y suministro de petrolíferos, aunque también quedó registrada una multa de 150 mil 980 pesos por comenzar obras de tanques sin contar con el permiso de uso de suelo correspondiente. En diciembre de ese año, las instalaciones fueron inauguradas con la presencia del entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante el gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto, y del gobernador panista Miguel Márquez Márquez.
El crecimiento de la infraestructura continuó en 2018, cuando el Cabildo autorizó incrementar la capacidad de almacenamiento hasta alcanzar un volumen cercano a los 100 millones de litros. Con el paso de los años también surgieron reclamos de habitantes de La Fragua, quienes denunciaron riesgos para la comunidad, olores a hidrocarburo y afectaciones a sus actividades cotidianas. Estos antecedentes cobran relevancia después del operativo realizado en 2026, aunque las autorizaciones administrativas y la participación de funcionarios de gobiernos anteriores no constituyen por sí mismas una prueba de complicidad en el combustible asegurado. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades y quiénes serían responsables, en caso de confirmarse algún delito.
La investigación federal comenzó el 3 de julio de 2026, luego de la detención del conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible cuya trazabilidad no pudo ser acreditada. Las diligencias condujeron finalmente al cateo de la terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburo: más de 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de Premium y 18.2 millones de diésel. El decomiso representa un golpe de gran magnitud contra el combustible de presunta procedencia ilícita y abre también un nuevo escrutinio sobre cómo se permitió que una instalación de esa capacidad creciera durante gobiernos anteriores.
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