Ciudad de México. A partir de este sábado, entra en vigor una reforma constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones en el sector público, con el objetivo de reducir privilegios y garantizar criterios de equidad salarial dentro del Estado.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, modifica el artículo 127 constitucional para precisar que ninguna persona servidora pública podrá percibir una remuneración igual o superior a la de su superior jerárquico, salvo en casos excepcionales vinculados a condiciones laborales específicas, especialización técnica o acumulación de funciones.
Asimismo, se establece que la suma total de percepciones no podrá rebasar la mitad del salario asignado a la titular del Ejecutivo federal, conforme al presupuesto vigente. Esta disposición busca reforzar el principio de austeridad republicana y contener esquemas de remuneración considerados excesivos.
Quedan excluidas de esta regulación las fuerzas armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro o fondos complementarios sindicales, al tratarse de esquemas financiados por contribuciones individuales o colectivas.
El decreto también ordena que todas las pensiones y jubilaciones vigentes que no estén contempladas en las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite, lo que implica una revisión de los beneficios otorgados con anterioridad. No obstante, se garantiza que los haberes de retiro previamente reconocidos bajo el marco constitucional anterior se mantendrán en los términos en que fueron concedidos, conforme al régimen transitorio.
En materia presupuestaria, se precisa que las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios también estarán sujetas a los nuevos topes, incluyendo a trabajadores de entidades federativas y municipios.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales contarán con un plazo de 90 días naturales para armonizar el marco jurídico correspondiente y adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales.
Finalmente, el decreto establece que los costos derivados de su implementación serán cubiertos con los presupuestos ya asignados, evitando la creación de cargas adicionales al erario.
El documento fue suscrito por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
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Fotografía: Redes
