A pesar de contar con una orden de aprehensión vigente, estar prófugo de la justicia y ser señalado por un presunto desfalco superior a los 3 mil millones de pesos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha decidido impugnar la sentencia que le negó un amparo contra su captura. Un intento legal que, más que un recurso legítimo, parece una estrategia para seguir dilatando su rendición ante las autoridades.
La impugnación fue presentada ante un tribunal colegiado luego de que la jueza Jovita Vargas, Novena de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, rechazara concederle la protección federal al considerar que la orden emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) cumple con todas las formalidades legales y se sustenta en “indicios incriminatorios razonables”.
El recurso de revisión, sin embargo, llega en un contexto marcado por el desacato del propio Aureoles a las condiciones impuestas previamente para que pudiera evitar su detención, como comparecer ante la jueza de control y pagar una garantía de un millón de pesos, condiciones que simplemente ignoró. Por ello, la suspensión definitiva que había sido otorgada en mayo le fue revocada.
Los delitos por los que se le persigue —peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta— tienen que ver con la construcción a sobreprecio de siete cuarteles para la Policía Estatal durante su administración, proyecto que representa un daño al erario por más de 3 mil 412 millones de pesos.
Lejos de enfrentar la justicia, Aureoles optó por evadirla, y desde el 27 de febrero permanece prófugo, lo que motivó que las autoridades mexicanas solicitaran la emisión de una ficha roja a la Interpol para su localización internacional.
La persistencia de Silvano Aureoles en impugnar resoluciones judiciales mientras elude el proceso penal refleja una contradicción preocupante: quien dice buscar justicia, se niega a enfrentarla. Su actuar refuerza la percepción ciudadana de que ciertos actores políticos intentan utilizar el aparato legal como escudo personal, incluso cuando pesan sobre ellos acusaciones graves por corrupción.
El tribunal colegiado al que fue turnado el caso determinará en los próximos días si confirma, modifica o revoca la negativa del amparo. No obstante, mientras el exgobernador no cumpla con los requisitos básicos de legalidad —como presentarse ante la jueza—, su batalla judicial parece más una maniobra para ganar tiempo que un acto de auténtica defensa jurídica.
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