El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, presentó 70 denuncias —14 de ellas de carácter penal— contra exfuncionarios estatales y el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por un presunto desfalco de 343 millones 966 mil pesos en contratos de mantenimiento hospitalario.
El director jurídico de la Secretaría de Salud estatal, Iván Saldaña Magaña, explicó en conferencia de prensa que las irregularidades ocurrieron durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, cuando la administración de Cabeza de Vaca adjudicó de manera directa contratos por 500 millones de pesos a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona Angulo: Grupo Industrial Permat y Grupo Industrial Joser.
“No son errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de conducta”, advirtió Saldaña, quien detalló que los ilícitos denunciados son uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Contratos sin licitación y facturas fantasma
De acuerdo con la investigación, las compañías beneficiadas fueron proveedoras exclusivas de mantenimiento en hospitales de la entidad, sin que existiera registro de invitaciones a otros licitantes como obliga la ley de adquisiciones. Además, se documentaron pagos sin facturas, contratos sin firmas, triangulación de recursos y procedimientos de excepción “irregulares”.
Aunque los contratos ascendieron a 500 millones de pesos, 157 millones quedaron pendientes de pago sin que las empresas reclamaran, lo que refuerza la hipótesis de colusión con funcionarios de la pasada administración.
Además de Cabeza de Vaca, las denuncias alcanzan a:
- Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud.
- Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación Social del OPD Servicios de Salud.
- Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas.
- Román Castillo Airola, exdirector de compras del Gobierno estatal.
Las querellas fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
El gobierno de Villarreal aseguró que dará seguimiento al caso para garantizar justicia y evitar que los recursos públicos destinados al sistema de salud sigan siendo utilizados con fines distintos.
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