La Cámara de Diputados reactivará este viernes el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del PRI, tras meses de suspensión debido a amparos promovidos por el propio legislador. El caso, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, acusa a Moreno de un presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador (2015-2019).
La reactivación fue confirmada por Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, quien citó a sus integrantes al mediodía del viernes para discutir el dictamen relacionado con el incidente de repetición de acto reclamado en el juicio de amparo que interpuso el priista.
Según las investigaciones, parte de los recursos federales desviados fueron triangulados mediante servicios simulados a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Dos presuntos prestanombres confesaron haber entregado su documentación personal a cambio de 4 mil pesos; dicha información fue utilizada para facturar operaciones ficticias por más de 27 millones de pesos. Los supuestos servicios incluían entrega de alimentos y mantenimiento de patrullas, pero no existe evidencia documental que los respalde.
Los testigos, beneficiados con criterios de oportunidad, revelaron también la participación de altos funcionarios y prácticas sistemáticas de corrupción.
Moreno, por su parte, denunció una persecución política y acusó al gobierno federal de orquestar una “cortina de humo” para desviar la atención de los escándalos en Morena. “Andan tan desesperados que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron”, escribió en sus redes.
Uno de los puntos más polémicos del expediente es el cateo ejecutado en junio de 2022 en ocho propiedades vinculadas a Moreno. En una residencia del fraccionamiento Lomas del Castillo, agentes aseguraron vehículos de lujo (McLaren, Lamborghini), baños con mármol de Carrara, una habitación climatizada para 400 relojes de alta gama y perreras con aire acondicionado. El senador ha negado que esa residencia le pertenezca y asegura que la fiscalía actuó sin pruebas suficientes.
Aunque una jueza federal desechó su amparo al considerar el cateo un acto legal y consumado, el líder priista mantiene impugnaciones pendientes. En paralelo, en mayo de este año, un tribunal federal dejó sin efecto una alerta migratoria emitida por el gobierno a petición de la fiscalía campechana.
La Secretaría General de la Cámara aún espera que la Fiscalía Anticorrupción ratifique la segunda solicitud de desafuero. De hacerlo, la Sección Instructora podría avanzar con los procedimientos que definirán el futuro legal y político de uno de los personajes más controvertidos del PRI en los últimos años.
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