El diputado local por Morena, Antonio Attolini Murra, denunció públicamente haber sido víctima de una retención ilegal por parte de agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón, quienes lo mantuvieron a él y a su pareja incomunicados durante más de dos horas en un corralón privado, sin documentación oficial ni presencia de su defensa legal.
De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron la noche del sábado, luego de que saliera de un bar del centro de Torreón, donde comenzó a notar que algunas personas lo fotografiaban de forma insistente. Sospechó que estas personas estaban vinculadas a funcionarios municipales. Minutos después de abandonar el lugar y a pocos metros de su domicilio, fue interceptado por patrullas municipales, quienes le impidieron avanzar.
Los agentes lo acusaron de cometer infracciones como manejar sin direccionales y supuestamente estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el legislador afirmó que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, negándosele incluso el derecho a contar con su defensa legal en el sitio.
Attolini explicó que fue obligado a permanecer dentro de su automóvil, mientras una grúa trasladaba el vehículo, con su pareja a bordo, hasta un corralón conocido como Grúas Silva. Durante este periodo, afirmó que permaneció incomunicado y sin contacto con ningún abogado, hasta cerca de las tres de la mañana.
El diputado calificó lo ocurrido como un intento deliberado de intimidarlo por parte del ayuntamiento de Torreón, presidido por el alcalde priista Román Alberto Cepeda González. Según su versión, altos funcionarios como el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, y el director de Tránsito, Luis Morales, estarían implicados en haber orquestado el operativo como represalia política.
En su declaración, el legislador morenista subrayó que el municipio opera como una estructura de poder utilizada para acallar voces críticas, y aseguró que la acción fue una especie de “montaje” para criminalizar su labor. Indicó además que el procedimiento careció de cualquier tipo de examen médico certificado que validara el supuesto estado de ebriedad, limitándose los agentes a pedirle que soplara en un tubo, sin protocolos establecidos ni personal capacitado.
A su salida del corralón, no se le entregó ningún documento oficial que justificara la detención o explicara las razones de su liberación. Presentará una denuncia penal por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, y ya ha solicitado medidas de protección a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como el respaldo de su partido a nivel nacional.
Finalmente, advirtió sobre los riesgos de este tipo de prácticas autoritarias, alertando que lo que vivió él podría repetirse con cualquier ciudadano que cuestione al poder municipal.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Torreón no ha emitido una postura oficial sobre el caso.
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