La Cámara de Diputados validó los cambios del Senado a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, lo que implica penas más severas que podrían llegar hasta los 42 años de prisión. Con ello, el dictamen se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial y posterior entrada en vigor.
La reforma busca responder al incremento de este delito y fortalecer la protección a las víctimas, luego de que la extorsión se integró al catálogo de ilícitos con prisión preventiva oficiosa cuando se configure alguna de las 43 agravantes contempladas.
El pleno ratificó el ajuste del Senado para que el tipo penal básico pase de 6-15 años —como se había aprobado inicialmente en San Lázaro— a 15-25 años, argumentando la necesidad de evitar interpretaciones legales que pudieran favorecer la liberación anticipada de personas sentenciadas en estados con sanciones más severas.
También se avaló endurecer las penas para policías y funcionarios penitenciarios que encubran o no denuncien casos de extorsión, quienes ahora enfrentarán 10 a 20 años de prisión, más agravantes. La Cámara baja había propuesto inicialmente reducir ese rango a 5-12 años.
Durante el debate, la oposición del PAN y PRI insistió en que habían advertido de inconsistencias en la redacción original. Marcelo Torres Cofiño afirmó: “se cumplió la advertencia… una pifia monumental”, y acusó a legisladores de Morena de minimizar los riesgos técnicos de la propuesta previa.
En respuesta, el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, reprochó la actitud “odiosa” y de superioridad de la oposición, recordando que en un sistema bicameral es normal que una cámara revise y corrija a la otra. Subrayó que agravar penas no resolverá por sí solo el problema de fondo. “Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, sigo sosteniendo mi garantismo”, expresó.
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