A seis años de dejar la Presidencia, Enrique Peña Nieto sigue envuelto en presunciones sobre escándalos de corrupción que, de ser ciertos, revelarían la podredumbre institucional de su sexenio. Esta vez, el exmandatario priista ha sido señalado por un medio israelí de haber recibido, presuntamente, 25 millones de dólares en sobornos a cambio de permitir la operación del sistema de espionaje Pegasus en México, utilizado para vigilar a periodistas, activistas, empresarios y políticos.
La información fue dada a conocer por el diario The Marker, que accedió a documentos judiciales derivados de una disputa legal entre dos empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, exsocios en la venta de Pegasus al gobierno mexicano. La pelea entre ambos surgió luego de que uno de ellos exigiera el reembolso de fondos que, según afirma, fueron invertidos para obtener favores del Gobierno de Peña Nieto.
El conflicto comenzó como un arbitraje privado bajo la Ley del Torá —en un tribunal religioso— y terminó escalando al Tribunal Civil de Distrito en Jerusalén. En medio del litigio, salieron a la luz documentos que, sin nombrar directamente a Peña Nieto, lo señalan mediante frases como «el hombre mayor», «el N» o «la personalidad», dejando pocas dudas sobre su identidad, aunque esto no está confirmado. Según los textos, los empresarios “invirtieron” en esta figura clave del poder para obtener acceso a contratos lucrativos con instituciones mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entonces PGR y el Cisen.
La corrupción no sería un daño colateral en el sexenio de Peña Nieto, sino un modelo de gobierno, si las presunciones fueran ciertas. Este caso encajaría con el patrón de tráfico de influencias, desvío de recursos y uso político de instituciones públicas que se ha señalado caracterizó su administración de principio a fin.
Más aún, según revelaciones judiciales previas en México, Peña Nieto no solo permitió el uso de Pegasus: presuntamente lo ordenó personalmente. Un testigo protegido declaró ante un juez que el expresidente decidía directamente quién debía ser espiado, entre ellos el empresario Carlos Slim, la periodista Carmen Aristegui y figuras del entorno de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial. Las víctimas habrían sido cerca de mil 500 personas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
El software Pegasus —desarrollado por la empresa israelí NSO Group— se habría convertido en una herramienta de persecución política bajo el mando de Peña Nieto, en lugar de usarse para combatir el crimen organizado. Todo indica, según estas presunciones, que su implementación no solo fue ilegal, sino también producto de una trama internacional de corrupción que incluyó pagos millonarios a cambio de favores del Estado mexicano.
La revelación de los 25 millones de dólares entregados por empresarios israelíes no es una anécdota aislada, de confirmarse. Sería una prueba más de que el poder presidencial se vendió al mejor postor, y que funcionarios de alto nivel, incluido el propio Peña, presuntamente formaron parte activa de una red que operó con total impunidad durante seis años.
Lo más escandaloso, si esto se comprueba, es que Peña Nieto sigue sin enfrentar consecuencias legales. Desde su residencia en España, responde con comunicados en redes sociales, acusando a la prensa de falta de rigor. Mientras tanto, las investigaciones por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales siguen congeladas o estancadas.
El caso Pegasus simboliza, en esta presunción, la corrupción estructural del peñismo: espionaje político, represión encubierta, pactos con empresarios extranjeros, y el uso del poder para garantizar impunidad. La disputa entre los empresarios israelíes solo habría destapado lo que en México se sospecha desde hace años: la presidencia de Peña Nieto fue un negocio personal, sostenido con dinero público y protegido por complicidades nacionales e internacionales.
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