Estados Unidos deportó a Juan Alberto Carbajal Montes, exagente de la Policía Municipal de Huitzuco, Guerrero, señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con fuentes ministeriales, el expolicía fue entregado el miércoles a las 10:00 horas al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el puente internacional Matamoros-Brownsville, en Tamaulipas.
En cuanto pisó territorio nacional, agentes de la Policía Federal Ministerial le ejecutaron una orden de aprehensión girada el 22 de agosto de 2022 por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Posteriormente fue trasladado en avión a Toluca, Estado de México, y de ahí llevado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde ingresó alrededor de las 16:45 horas.
La FGR informó que Carbajal Montes será presentado en las próximas horas ante la Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, para rendir su declaración preparatoria.
El expolicía municipal, de 1.80 metros de estatura, tez morena, complexión media y barba abundante, se encontraba recluido en un centro de detención migratoria de Atlanta, Georgia, tras no poder acreditar su estancia legal en Estados Unidos.
Carbajal Montes es acusado de haber participado junto con otros elementos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, en el operativo para detener y entregar a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos, según la investigación federal.
Su nombre figura entre los 83 acusados en la causa penal abierta en agosto de 2022, que incluye también a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; María de los Ángeles Pineda, su esposa; Erick Ulises Ramírez, exedil de Cocula; así como a 20 militares de los batallones 27 y 41 de Infantería y varios exfuncionarios estatales de Guerrero.
Con esta deportación, el gobierno mexicano suma un nuevo avance en la judicialización del caso Ayotzinapa, uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de violencia e impunidad en la historia reciente del país.
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