El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una ofensiva financiera contra una presunta red empresarial asentada en Puerto Vallarta, Jalisco, señalada de operar fraudes de tiempo compartido para beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, e incluyó a cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas que, según las investigaciones, formarían parte de un entramado corporativo utilizado para lavar recursos provenientes de engaños a ciudadanos estadounidenses.
El principal objetivo de la sanción es el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Puerto Vallarta, al que las autoridades norteamericanas identifican como pieza clave en el esquema.
De acuerdo con el comunicado oficial, el resort —fundado hace más de dos décadas bajo el nombre original de Vallarta Gardens— habría ofrecido falsas promesas de rentabilidad a propietarios de tiempo compartido en Estados Unidos, además de incurrir en cobros indebidos y sobrecargos sistemáticos a tarjetas de crédito.
La OFAC sostiene que este modelo permitió generar ingresos millonarios para el CJNG, organización que Washington cataloga como una de las estructuras criminales más poderosas del mundo y a la que vincula no sólo con narcotráfico, sino también con robo de combustible, extorsión y esquemas financieros fraudulentos.
Las cifras presentadas por el gobierno estadounidense revelan la magnitud del esquema. Entre 2019 y 2023 se detectaron aproximadamente 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con fraudes de tiempo compartido, con movimientos que alcanzarían los 330 millones de dólares.
En promedio, cada mes se registran alrededor de 40 reportes vinculados con este tipo de operaciones, con montos individuales que superan los 380 mil dólares en promedio. Tan solo en 2024, el Buró Federal de Investigaciones recibió cerca de 900 denuncias por fraudes relacionados con tiempos compartidos en México, con pérdidas superiores a los 50 millones de dólares.
Las víctimas, según el Tesoro, son en su mayoría adultos mayores estadounidenses que enviaron recursos a presuntos operadores en territorio mexicano bajo la promesa de recuperar o rentabilizar inversiones previas.
El Departamento del Tesoro identificó como figuras centrales a Carlos Humberto Rivera Miramontes y a Michael Ibarra Díaz Jr., este último previamente designado por la OFAC por presuntos vínculos con el CJNG.
Asimismo, fueron señalados presuntos operadores regionales como Audias Flores Silva y sus subordinados Óscar Enrique Jiménez Tapia (“Tagayas”), José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolín”), Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes —según la investigación— coordinaban centros de operación dedicados al fraude.
Las empresas sancionadas abarcan distintos giros: desarrolladoras inmobiliarias, firmas de servicios financieros, compañías de administración empresarial, operadoras turísticas e incluso una empresa de combustibles, lo que, de acuerdo con la OFAC, muestra un entramado diversificado para mover recursos y ocultar su origen.
Como parte de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedaron bloqueados. Además, se prohíbe a personas y entidades estadounidenses realizar cualquier transacción con los implicados, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.
Hacienda y UIF actúan en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera colaboró en la investigación y, de manera paralela, incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
Las autoridades mexicanas también interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que abre la puerta a investigaciones penales en territorio nacional.
El gobierno estadounidense fundamentó las sanciones en las órdenes ejecutivas 14059, dirigida al combate del narcotráfico —particularmente el fentanilo—, y la 13224, orientada a bloquear financiamiento a organizaciones designadas como terroristas.
La decisión refleja el endurecimiento de la estrategia de Washington para asfixiar las fuentes de financiamiento del CJNG más allá del tráfico de drogas. En este caso, el foco está en el uso del sector turístico como fachada para captar recursos ilícitos.
Para México, el caso implica un desafío adicional en materia de supervisión financiera y cooperación bilateral, especialmente en destinos turísticos estratégicos como Puerto Vallarta, donde la actividad económica formal convive con riesgos asociados a la infiltración del crimen organizado.
El golpe financiero no sólo afecta a las empresas señaladas, sino que envía una advertencia a intermediarios, operadores y socios comerciales que pudieran estar vinculados —directa o indirectamente— con redes criminales que utilizan estructuras corporativas aparentemente legales para mover recursos a escala internacional.
Fotos: Redes
