El gobierno del estado de Querétaro impulsa un ambicioso proyecto para potabilizar aguas residuales mediante el sistema El Batán. Aunque se presenta como una solución para el abasto de agua en el largo plazo, la iniciativa será financiada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), lo que comprometerá recursos estatales durante tres décadas.
La inversión inicial se calcula en 11,000 millones de pesos, aunque estimaciones independientes advierten que los costos reales podrían superar los 40,000 millones si se consideran pagos operativos, financieros y energéticos. Legisladores y organizaciones sociales han advertido que este esquema podría representar una forma de endeudamiento encubierto y sentar las bases para la privatización del agua en la entidad.
Sin estudios técnicos concluyentes
El proyecto fue presentado ante el Congreso local sin contar con un diseño detallado de la planta de potabilización ni estudios concluyentes sobre la calidad del agua tratada que se destinaría al consumo humano. Expertos, colectivos y diputados de oposición han señalado que no se cuenta con un diagnóstico hídrico actualizado que justifique una obra de esta magnitud.
También se cuestiona que, mientras el gobierno proyecta nuevas infraestructuras, más del 40% del agua potable actual se pierde por fugas, sin que exista un plan integral de rehabilitación de redes.
Una APP con costos opacos y sin control ciudadano
El esquema de financiamiento vía APP implica que el gobierno estatal deberá realizar pagos anuales a una empresa privada durante 30 años. A pesar de tratarse de recursos públicos, no se han transparentado los términos contractuales, lo que impide evaluar con claridad las obligaciones financieras del estado.
Colectivos ciudadanos han comparado el modelo con experiencias fallidas como los PPS del sexenio de Felipe Calderón, en donde la combinación de deuda, opacidad y sobrecostos generó impactos negativos en las finanzas públicas.
Marco legal habilita privatización silenciosa
El proyecto se sustenta en la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, aprobada en 2022, que permite la concesión de servicios hídricos a privados. Organizaciones sociales consideran que esta legislación habilita un esquema de mercantilización del agua, contrario a su carácter de derecho humano garantizado por el Estado.
De aprobarse el contrato sin mecanismos de fiscalización ciudadana ni consulta pública vinculante, se estaría consolidando un modelo que coloca la gestión del agua en manos del capital privado durante tres décadas.
Participación ciudadana ausente
La solicitud de realizar parlamento abierto para debatir el proyecto con especialistas, comunidades y organizaciones civiles no ha sido respondida. En cambio, los espacios de deliberación fueron limitados, sin difusión amplia ni acceso a los documentos técnicos.
Mientras tanto, el agua limpia de los sistemas públicos es cada vez más destinada a zonas industriales y desarrollos inmobiliarios, mientras que la población recibiría agua residual tratada sin garantías completas de calidad.
Demandas sociales por transparencia y control público
Diversas organizaciones y académicos han exigido una pausa al proyecto hasta que se presenten los estudios técnicos, financieros y sanitarios completos. También proponen fortalecer mecanismos ciudadanos de vigilancia del agua y priorizar el mantenimiento del sistema actual antes de emprender nuevas obras de alto costo y bajo control social.
El caso de El Batán se ha convertido en un referente nacional sobre los peligros del endeudamiento hídrico, la falta de transparencia y los intentos de privatizar un recurso estratégico bajo el discurso del desarrollo.
