Durante más de tres décadas, México vivió un proceso que no se anunció como privatización, pero que en los hechos redujo el control público sobre la energía, fragmentó a las empresas del Estado y abrió espacios crecientes al capital privado. Pemex y la CFE, símbolos históricos de la soberanía nacional, no fueron vendidas de una sola vez: fueron reconfiguradas paso a paso, bajo el lenguaje tecnocrático de la “modernización”, la “eficiencia” y el “mercado”.
Lo que sigue es un recuento de ese proceso, clave para entender por qué la disputa energética sigue siendo uno de los ejes centrales del debate político en México.
De la crisis de los ochenta a la apertura encubierta
El punto de partida fue la crisis de deuda de 1982. A partir de ahí, los gobiernos neoliberales asumieron que el Estado debía retirarse de la inversión directa y abrir sectores estratégicos al capital privado. En energía, la Constitución se mantuvo formalmente intacta durante años, pero las leyes secundarias hicieron el trabajo.
En el sector eléctrico, la reforma de 1992 permitió por primera vez que empresas privadas generaran electricidad bajo figuras como autoabastecimiento y producción independiente. En los hechos, la CFE dejó de producir toda la energía que vendía y comenzó a comprarla a particulares. No era “privatización”, decían; era solo “complementariedad”.
En paralelo, se crearon organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, que trasladaron decisiones estratégicas fuera del control directo del Ejecutivo y consolidaron una lógica de mercado. El mensaje era claro: la energía dejaba de concebirse como servicio público y empezaba a tratarse como negocio regulado.
Pemex: deuda, contratos y pérdida de control operativo
En el caso de Pemex, el desmantelamiento fue más financiero que visible. A falta de inversión pública suficiente, se impulsaron esquemas como los PIDIREGAS, que permitieron construir infraestructura con financiamiento privado, pero comprometiendo pagos futuros de la empresa y del Estado. Pemex siguió siendo “pública”, pero cada vez más atada a contratos y deuda.
La reforma energética de 2008 profundizó este rumbo. Se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos y se introdujeron nuevos tipos de contratos que ampliaron la participación privada en exploración y producción. Pemex dejó de ser un operador integral y comenzó a competir —en condiciones desiguales— con empresas trasnacionales.
Todo esto ocurrió antes del gran quiebre constitucional. Para cuando llegó 2013, el terreno ya estaba preparado: Pemex era una empresa endeudada, fragmentada y con menor margen de decisión estratégica.
2013–2014: la reforma que institucionalizó el mercado energético
La reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto no inició la privatización, pero la legalizó y la profundizó. Al modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se permitió explícitamente la participación privada en petróleo, gas y electricidad, bajo la narrativa de que la Nación conservaba la propiedad “original” de los recursos.
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron transformadas en “empresas productivas del Estado”, una figura que las obliga a operar con criterios de rentabilidad y competencia. En el sector eléctrico se creó un mercado mayorista, se separó el control del sistema (CENACE) y se facilitó el ingreso masivo de generadores privados.
El resultado fue un Estado que dejó de planear integralmente el sistema energético y pasó a actuar como árbitro de un mercado dominado por grandes corporaciones. Para amplios sectores sociales y académicos, esto significó un auténtico desmantelamiento de la soberanía energética construida desde la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1960.
Una disputa que sigue abierta
El neoliberalismo no privatizó Pemex y la CFE de un plumazo. Las fue vaciando desde dentro, mediante reformas legales, deuda, fragmentación institucional y mercados diseñados para el capital privado. Por eso, la discusión energética no es solo técnica: es profundamente política.
Hoy, el debate sobre el papel del Estado en la energía es, en realidad, una discusión sobre qué país quiere ser México: uno que subordine sus recursos estratégicos al mercado global o uno que los conciba como palanca de desarrollo, justicia social y soberanía nacional.
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