Carlos Loret de Mola ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica al denunciar públicamente que Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estaría utilizando el nuevo Poder Judicial para atacarlo, luego de que este último interpusiera una demanda millonaria en su contra.
Sin embargo, el discurso del periodista parece más orientado a victimizarse que a asumir su responsabilidad como comunicador que difundió videos obtenidos de manera cuestionable, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo. Aunque el INE resolvió que no hubo delito electoral que perseguir, Loret insiste en presentar el caso como si fuera una prueba de corrupción irrefutable, sin considerar el marco legal ni el contexto de dichas grabaciones.
“El hermano del expresidente de México quiere estrenar el nuevo Poder Judicial y usarlo contra Latinus y contra mi…este es el régimen al que se le queman las manos para usar su nuevo juguete, su nuevo poder judicial”
La demanda presentada por Pío asciende a 400 millones de pesos, monto que ha sido calificado por Loret como «desaforado». Sin embargo, poco ha dicho sobre los efectos que la difusión de esos videos pudo haber tenido en la vida personal y pública del hermano del expresidente. La narrativa del periodista omite cualquier reflexión sobre ética periodística o sobre los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de acusaciones graves sin sentencia judicial.
Desde su espacio en Latinus, Loret de Mola ha sugerido que el nuevo Poder Judicial, reconfigurado por Morena, sería utilizado como un “juguete” por parte de Pío para callar voces críticas. No obstante, este tipo de declaraciones refuerzan una postura que busca desacreditar a las instituciones antes de que siquiera se haya iniciado un proceso formal. Al anticipar que la justicia está “comprada”, Loret no solo desacredita al Poder Judicial, sino que también siembra desconfianza en la legalidad de las acciones de cualquier ciudadano que decida defender su derecho al honor.
En lugar de abrir la puerta al debate sobre la veracidad del contenido difundido, la responsabilidad ética de los medios o el uso político de la información, Loret de Mola se escuda en una supuesta persecución. Acusa sin pruebas que el nuevo sistema judicial responderá automáticamente a intereses partidistas, insinuando que será castigado con cárcel o embargos por ejercer su labor.
Además, el periodista insiste en que los videos fueron minimizados por el Tribunal Electoral por razones políticas. Pero omite mencionar que, si bien los materiales existieron, no fueron considerados válidos procesalmente debido a que no cumplían con los requisitos de legalidad y cadena de custodia. Pese a ello, Loret continúa usándolos como herramienta mediática.
Finalmente, en su intento por politizar el caso, evita toda autocrítica sobre la manera en que se presentó la información al público y el uso editorial que Latinus dio al caso. En lugar de fomentar una discusión responsable, el periodista prefiere dramatizar un escenario de censura, cuando lo que se está planteando es una demanda civil legítima por daño moral, que cualquier ciudadano tendría derecho a interponer ante los tribunales.
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