El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, volvió a levantar la voz contra el gobierno de Morena, esta vez exigiendo comisiones legislativas para investigar presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado, en particular los casos de La Barredora en Tabasco y el presunto lavado de dinero a través de la firma Vector. Aunque sus declaraciones buscan mostrar una postura firme contra el narcotráfico, resulta inevitable recordar que el PAN fue hogar político de uno de los mayores escándalos de narcopolítica del país: Genaro García Luna.
Romero planteó incluso imponer cadena perpetua a funcionarios públicos que colaboren con el narco, en un gesto que —más que contundente— parece olvidar que el máximo ejemplo de esa relación se gestó en su propio partido. García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, no solo es sospechoso: está detenido en Estados Unidos, acusado formalmente de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. No se trata de investigaciones en proceso o denuncias mediáticas, sino de una detención judicial con pruebas en un tribunal extranjero.
Resulta contradictorio que el PAN exija investigaciones contra el actual gobierno mientras omite toda autocrítica sobre su pasado más oscuro. Aunque Romero pretende mostrarse como líder de una oposición moralmente superior, no ha promovido ninguna acción legal ni política contra figuras históricas del panismo implicadas en delitos similares.
Al insistir en que Morena utiliza comisiones de investigación con fines políticos, el PAN omite convenientemente que durante sus gobiernos se promovió la impunidad y el encubrimiento, especialmente en materia de seguridad. Si hoy se acusa a otros partidos de encubrir al crimen, la pregunta inevitable es por qué el PAN nunca abrió investigaciones internas o asumió responsabilidades políticas por García Luna.
En un intento de generar presión pública, Romero llamó a los periodistas de las conferencias matutinas a cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos casos. Sin embargo, la exigencia selectiva de justicia solo refuerza la percepción de que el PAN utiliza el combate al crimen como herramienta electoral, y no como una convicción ética o institucional.
Antes de exigir rendición de cuentas a otros, el PAN debería comenzar por aclarar su pasado reciente, explicar cómo García Luna llegó al poder con apoyo panista, y por qué hasta hoy, nadie en su partido ha rendido cuentas por ese capítulo del narcoestado.
Foto: Redes
