La guerra legal de Grupo Salinas contra el fisco mexicano sumó esta semana una nueva derrota. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad que Grupo Elektra deberá pagar casi 2 mil millones de pesos por impuestos omitidos en 2012. La resolución expone una maniobra fiscal basada en una compraventa simulada con una empresa fantasma, mientras que el consorcio de Ricardo Salinas Pliego insiste en presentarse como víctima de una supuesta “persecución política”.
Según el tribunal, la deducción de una operación con la empresa “Beta” —una firma sin operaciones reales, sin activos, ingresos ni actividad económica alguna— constituye un intento claro de reducir artificialmente la base gravable del Impuesto Sobre la Renta. “Autorizar la deducción de esa operación sería permitir una disminución artificiosa de la base gravable», señaló la magistrada ponente Ana María Ibarra, al negar el amparo a Elektra.
Pero lejos de asumir la responsabilidad fiscal, Grupo Salinas respondió con un comunicado incendiario: calificó el fallo como “ilegal”, acusó al Poder Judicial de actuar por consigna, y señaló “presiones políticas” como motor del litigio. La narrativa de la empresa gira en torno a la victimización, ignorando que este caso se suma a una larga lista de litigios fiscales abiertos por la misma firma, cuyo valor preliminar asciende a casi 30 mil millones de pesos.
Este nuevo fallo se da en un contexto preocupante: desde enero, Grupo Salinas ha interpuesto 38 medios de impugnación relacionados con temas fiscales, entre ellos 15 impedimentos y 19 recursos de reclamación, la mayoría desechados. El objetivo parece claro: alargar los juicios, entorpecer resoluciones y desgastar al Estado mexicano en una batalla de resistencia jurídica.
El uso reiterado de figuras procesales para frenar sentencias recuerda a las estrategias empleadas por otros grandes deudores fiscales en el país. Sin embargo, la dimensión del adeudo es lo que diferencia este caso: tan solo este litigio inició con un crédito fiscal de 1,603 millones de pesos, que se ha incrementado por actualizaciones y recargos hasta rondar los 2 mil millones. En total, el SAT calcula que el consorcio debe más de 34 mil millones de pesos.
Mientras afirma que los juicios no afectarán sus operaciones, Grupo Elektra reportó en 2024 pérdidas por más de 11 mil millones de pesos, cifra que pone en duda su estabilidad financiera real. A pesar de ello, la compañía insiste en minimizar el impacto de sus adeudos fiscales, repitiendo que ninguno de sus litigios tiene efectos significativos sobre sus negocios.
El timing de la resolución no es menor. Con el reciente cambio en la composición del Poder Judicial, y la inminente toma de protesta de nuevos ministros en la Suprema Corte, Grupo Salinas ya anticipa su próxima jugada: llevar el caso a revisión constitucional. Pero más que agotar vías legales, la intención parece clara: mantener viva la narrativa de que el Estado utiliza al SAT como instrumento político.
Este discurso es funcional no solo para evitar el pago de impuestos, sino para posicionarse como un actor “perseguido” dentro de un contexto político adverso. Salinas Pliego no es ajeno a los reflectores ni a las confrontaciones abiertas con instituciones del Estado, y ha usado plataformas públicas y redes sociales para polarizar la opinión sobre sus conflictos fiscales.
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