Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diversas organizaciones civiles y centros de análisis críticos de la Cuarta Transformación (4T) recibieron financiamiento millonario por parte de grandes empresarios mexicanos agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), así como de fundaciones y entidades estadounidenses.
Según una investigación de Contralínea, entre 2020 y 2024 el CMN —que agrupa a figuras como Germán Larrea, Claudio X. González Laporte, Emilio Azcárraga Jean y Antonio del Valle— canalizó cerca de 679 millones de pesos a diversas asociaciones de la llamada “sociedad civil”. Esta inversión coincidió con momentos clave de la agenda política nacional, como las reformas al Poder Judicial y las elecciones presidenciales de 2024.
Entre los principales destinatarios de estos fondos están organismos como el IMCO, México Evalúa, el Centro de Competitividad de México, Signos Vitales y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Este último fue fundado por Claudio X. González Guajardo, figura prominente en la articulación de la alianza opositora entre PRI, PAN y PRD.
El IMCO, que ha cuestionado repetidamente la política energética del gobierno, recibió más de 98 millones de pesos en cinco años. Signos Vitales, por su parte, fue apoyado con 4.5 millones entre 2023 y 2024. Esta organización ha difundido análisis severamente críticos y cuenta con el respaldo de personajes como María Amparo Casar, asociada a un controvertido pago por pensión de Pemex, y Julio Frenk, quien ha confrontado públicamente el manejo de la pandemia por parte de la administración federal.
El Consejo de la Comunicación y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también fueron financiados, recibiendo 166 millones y 12 millones de pesos respectivamente, lo que refleja el involucramiento activo del sector empresarial en la narrativa política y mediática del país.
Además, una parte del dinero fue destinada a organizaciones extranjeras, particularmente a think tanks estadounidenses relacionados con organismos oficiales como el Departamento de Estado y fundaciones como Open Society y Hewlett. El caso más destacado fue el de The Brookings Institution, que recibió más de 19 millones de pesos entre 2021 y 2023. Esta institución ha publicado análisis que retratan a la 4T como una amenaza para la democracia, destacando su crítica al llamado Plan B de reforma electoral.
Aunque el financiamiento a estas organizaciones no está prohibido por la ley, el volumen de los recursos, su sincronía con el debate político y la posición abiertamente crítica de los grupos beneficiados, revelan el papel activo del gran empresariado en influir la agenda pública y el discurso opositor durante el sexenio de López Obrador.
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