El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso por presunta delincuencia organizada y delitos relacionados con el huachicol fiscal, con lo que quedó detenido el avance de su causa penal hacia el juicio oral.
La resolución fue emitida el 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 1085/2026 promovido por el exmandatario panista.
De acuerdo con los registros del Órgano de Administración Judicial, la juzgadora concedió la medida contra el auto de vinculación a proceso dictado en julio por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano.
El beneficio impide que se emita el auto de apertura a juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo. Sin embargo, la suspensión no representa una exoneración ni elimina los cargos que enfrenta Ruffo Appel, por lo que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa vigente.
Acusación por operaciones de combustible ilegal
El exgobernador, de 74 años, fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, luego de que la FGR lo señalara como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa presuntamente relacionada con la importación ilegal de gasolina y diésel.
Las operaciones investigadas habrían ocasionado un daño al erario estimado en cuatro mil millones de pesos. Entre los delitos atribuidos a Ruffo Appel también se encuentran contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente, el exmandatario permanece bajo prisión preventiva en la modalidad de resguardo domiciliario en Ensenada, bajo custodia de la Guardia Nacional, después de haber pasado aproximadamente dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Amparos y beneficios judiciales
La nueva suspensión se suma a otros recursos promovidos por Ruffo Appel durante su proceso. En septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca declaró infundada una queja de la FGR contra una medida similar concedida previamente.
La Fiscalía argumentó entonces que el beneficio afectaba el interés social debido a la gravedad de los delitos imputados, pero los magistrados rechazaron su planteamiento.
Asimismo, en agosto, Lazalde Íñiguez desechó dos amparos relacionados con presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica denunciados durante su estancia en el Altiplano.
El traslado a prisión domiciliaria fue autorizado el 25 de septiembre por un juez de la causa, quien consideró su edad y estado de salud. Con la nueva resolución, el proceso penal permanecerá en etapa intermedia hasta que se determine el fondo del amparo.
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