La investigación por el presunto esquema de huachicol fiscal que habría generado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario escaló este fin de semana con la decisión de una jueza federal de imponer prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución llegó después de una audiencia inicial que se extendió por cerca de 40 horas, en la que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó alrededor de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos.
Según la FGR, la red investigada habría introducido combustible al país mediante declaraciones falsas en aduanas para evadir el pago de impuestos, una práctica conocida como huachicol fiscal. Las indagatorias también vinculan las operaciones con la empresa Ingemar, donde Ruffo figura como accionista mayoritario.
La investigación apunta a una presunta red de triangulación financiera
Las autoridades sostienen que la empresa habría utilizado un esquema de triangulación de recursos con compañías nacionales y extranjeras, además de realizar transferencias por más de 3 mil millones de pesos y registrar operaciones en divisas superiores a mil 386 millones de dólares. La Fiscalía considera que esos movimientos financieros resultan incompatibles con el perfil fiscal de la empresa y podrían formar parte del presunto mecanismo para ocultar operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.
Mientras avanza el proceso penal, cinco de los imputados permanecerán en el penal federal del Altiplano, dos cumplirán resguardo domiciliario por motivos de salud y una persona permanecerá en un centro penitenciario del Estado de México.
La familia pide un juicio imparcial y respeto a la presunción de inocencia
En medio del proceso judicial, Verónica Ruffo, hija del exmandatario, difundió un mensaje en redes sociales para pedir que las autoridades garanticen un juicio justo y transparente. La joven cuestionó el trato recibido por su padre tras la detención y aseguró que la familia mantiene confianza en las instituciones.
«Exigimos un juicio sustentado en pruebas, no una condena política anticipada», expresó.
La defensa familiar también señaló que Ruffo nunca intentó sustraerse de la acción de la justicia y pidió que se respeten plenamente los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
Por su parte, la FGR mantiene que los elementos reunidos hasta ahora justifican la continuidad de la investigación y las medidas cautelares impuestas. En los próximos días, un juez definirá la situación jurídica de los imputados mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance de la presunta red de contrabando de combustibles y sus posibles implicaciones financieras.
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