La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha identificado que ocho entidades del país concentran el 66% de los casos de extorsión, por lo que serán prioridad en la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada recientemente por el Gobierno Federal.
Durante la presentación, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León encabezan la lista, seguidos por la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Estas cifras provienen de un trabajo conjunto entre diversas instancias como el Gabinete de Seguridad, la FGR, el CNI, la SEDENA y la SEMAR.
Los estados con más denuncias de extorsión
Las autoridades federales revelaron el número de carpetas de investigación abiertas en los estados más afectados, destacando que:
- Estado de México reporta 2,048 casos
- Guanajuato registra 879
- Nuevo León tiene 645
- Ciudad de México suma 602
- Veracruz contabiliza 585
- Jalisco, Guerrero y Michoacán presentan cifras menores pero preocupantes
Harfuch señaló que ya existe una estrecha colaboración con varios gobernadores de estas entidades, lo que permitirá fortalecer las operaciones en campo, avanzar en las investigaciones y, sobre todo, desmantelar redes criminales vinculadas con este delito.
Cinco ejes para combatir la extorsión
La estrategia nacional se compone de cinco líneas de acción fundamentales, tanto preventivas como operativas:
- Investigación e inteligencia para realizar detenciones clave.
- Creación de Unidades Antiextorsión locales.
- Atención especializada a víctimas a través de protocolos específicos.
- Capacitación al personal del 089 para manejar crisis y negociar.
- Campañas de prevención dirigidas a la población general.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá un rol determinante, ya que podrá congelar cuentas bancarias ligadas a cobros de extorsión, una herramienta crucial para cortar el flujo financiero de las organizaciones criminales.
Nuevas facultades legales para actuar con mayor contundencia
Con la aprobación de recientes reformas en la Ley de Seguridad Pública, el Estado mexicano ahora podrá bloquear líneas telefónicas y dispositivos móviles vinculados a llamadas de extorsión. También se autoriza la realización de operativos sorpresa en centros penitenciarios, con el objetivo de decomisar equipos que siguen siendo utilizados por reclusos para cometer estos actos delictivos desde prisión.
El enfoque de la estrategia prioriza la inteligencia, la coordinación institucional y la prevención, buscando reducir de manera efectiva la incidencia de este delito que afecta a miles de ciudadanos en todo el país.
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