Una juez federal rechazó proteger a Juan Bernardo Corona Martínez, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Silvano Aureoles, quien permanece prófugo por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a infraestructura policial en Michoacán.
El ex funcionario buscaba frenar la orden de aprehensión relacionada con el uso irregular de recursos para la construcción de siete cuarteles, un caso por el que cuatro ex colaboradores ya fueron vinculados a proceso.
Un caso emblemático de corrupción y opacidad
Corona Martínez promovió un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, en Ciudad de México, donde también impugnó las órdenes de comparecencia y presentación. Las autoridades federales lo señalan por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La juez Viridiana Berenice Quiroz consideró infundados sus argumentos, en los que alegaba violaciones a sus derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. La juzgadora sostuvo que la orden de captura cumple con los requisitos constitucionales y con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La juez coincidió con la autoridad de control en que el ex funcionario no ha podido ser localizado en el domicilio verificado por la fiscalía, pese a visitas, vigilancia y entrevistas con vecinos.
Además, señaló que existen registros de movilidad migratoria y desplazamientos a otros estados, así como la localización de inmuebles vinculados a él en distintas entidades, lo que refuerza el riesgo de fuga.
“Por las circunstancias del hecho delictivo, se desprende una posible relación aún después de las funciones que ostentó como servidor público federal… al tratarse de delitos de alto impacto, está justificada la necesidad de cautela”.
Antecedentes: órdenes de captura y evasión de audiencias
En febrero, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, giró órdenes de aprehensión contra Aureoles Conejo, Corona Martínez y otros ex colaboradores.
Pese a ello, ninguno acudió a la audiencia programada en agosto, donde la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría los cargos. El Ministerio Público Federal reiteró entonces que ambos se encontraban prófugos y que la orden de captura era plenamente ejecutable.
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