Un juez del Poder Judicial del Estado de México impuso 70 años de prisión a la exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, tras acreditarse su responsabilidad en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz, ocurrido en enero de 2023. La resolución se emitió en los juzgados anexos al penal de Santiaguito, donde la exfuncionaria permanece recluida desde 2024.
El juez determinó que el crimen se cometió con alevosía y ventaja, por lo que aplicó la pena máxima. Según explicó en audiencia, las pruebas presentadas por la Fiscalía mexiquense fueron “lo suficientemente sólidas” para demostrar que Martínez Robles ordenó el asesinato debido a disputas políticas internas por el control del ayuntamiento.
Ambos funcionarios fueron electos en 2021 por Movimiento Ciudadano, pero la entonces alcaldesa decidió afiliarse a Morena antes de asumir el cargo en 2022, lo que profundizó el conflicto con el síndico. Las diferencias se hicieron públicas durante meses, hasta que —según la investigación— la edil instruyó a los autores materiales a ejecutar el crimen.
El 25 de enero de 2022, Martínez Robles envió al síndico a una comisión en Zacazonapan y, de manera paralela, solicitó apoyo al grupo delictivo La Familia Michoacana, con el que mantenía relación. Un comando interceptó al síndico y a su chofer en una carretera del sur del estado; ambos fueron asesinados con armas de fuego.
La exalcaldesa fue detenida en 2024 como parte de la Operación Enjambre, estrategia de la Fiscalía estatal contra funcionarios vinculados al crimen organizado. Durante el proceso se reveló que, cuando era presidenta municipal, mantenía reuniones frecuentes con el líder de dicho grupo criminal y que incluso desviaba recursos públicos para financiarlo.
Además de la sentencia de prisión, Martínez Robles deberá cubrir 207 mil 234 pesos por cada víctima como reparación del daño. También quedaron suspendidos sus derechos civiles y políticos.
Esta resolución representa la onceava sentencia condenatoria dentro de la Operación Enjambre, que hasta ahora suma 60 personas detenidas consideradas objetivos prioritarios.
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