Con la conclusión de su periodo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández enfrenta nuevas restricciones profesionales. De acuerdo con la Constitución, tras haber ocupado un puesto en la Corte, tendrá prohibido ejercer cualquier cargo público por un lapso de dos años, hasta 2027.
Su salida oficial se concretó el pasado 31 de agosto, cuando concluyó su papel al frente del máximo tribunal del país. Esto ocurre en el contexto de una transformación profunda del sistema judicial, derivada de la reforma que establece la elección popular de jueces y ministros, impulsada por la Cuarta Transformación.
El mandato de Piña al frente de la SCJN no pasó desapercibido, ya que su postura crítica hacia varias iniciativas del gobierno federal la colocó en el centro de la controversia política. Su administración fue vista por sectores oficialistas como un bastión de resistencia institucional frente al avance de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tensó la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Durante este periodo, la Suprema Corte frenó diversas propuestas legislativas promovidas por el gobierno federal, lo que llevó a que se le identificara como una instancia opositora dentro del aparato estatal. Además, se registraron gestos simbólicos que acentuaron esa distancia, como la ausencia de representantes del Poder Judicial en actos oficiales importantes, incluyendo la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A raíz de su retiro, Piña Hernández deberá acatar lo establecido en el artículo 101 de la Constitución, que impide a los exministros desempeñarse en cargos públicos de cualquier nivel –federal, estatal o municipal–, así como en órganos autónomos. También está impedida para actuar como representante legal ante los tribunales del Poder Judicial, lo que limita su actividad profesional incluso en el sector privado.
Con la llegada de Hugo Aguilar como nuevo presidente de la Suprema Corte, se anticipan modificaciones en los beneficios otorgados a exministros, incluyendo posibles reducciones en pensiones y prestaciones, lo que ha generado especulación sobre el futuro profesional de quienes dejaron el cargo recientemente.
Norma Piña, por su parte, ha manifestado su interés en continuar ligada al ámbito jurídico, posiblemente en espacios académicos, de análisis o investigación legal. Hasta ahora, no ha dado señales claras sobre alguna aspiración política inmediata, aunque su figura sigue siendo relevante dentro del debate sobre el rumbo del Poder Judicial en México.
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