El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, permanecerá en prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano, luego de que una jueza federal determinó mantenerlo recluido mientras se define si será vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión fue tomada por la jueza de control María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, al concluir una extensa audiencia inicial de más de 14 horas que terminó la madrugada del 10 de diciembre de 2025. Duarte fue detenido un día antes en Chihuahua y trasladado de inmediato al penal de máxima seguridad.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exmandatario priista el presunto desvío de 96.6 millones de pesos durante su administración (2010–2016), de los cuales 73.9 millones habrían sido introducidos al sistema financiero a través de ocho operaciones bancarias. Estos recursos, según la Fiscalía, fueron canalizados a empresas ganaderas en las que Duarte era accionista mayoritario:
- Unión Ganadera Regional División del Norte
- Financiera de la División del Norte SOFOM
La FGR presentó un paquete de 120 datos de prueba —entre ellos dictámenes contables, actas constitutivas, declaraciones ministeriales y movimientos bancarios— que señalan que el dinero desviado terminó dispersado entre compañías cercanas al exgobernador, como Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e Hidroponia El Parral, así como en cuentas vinculadas a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
En la supuesta red de desvío figura también Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario estatal y señalado como operador financiero en el esquema.
Defensa reclama y Duarte se reserva declarar
Duarte se reservó su derecho a declarar; únicamente proporcionó datos generales y mencionó una discapacidad motriz derivada de cirugías de columna. Incluso aseguró hablar lengua tarahumara, lo que generó un receso para asignar un intérprete, aunque después indicó que no era necesario.
La defensa, encabezada por el abogado Carlos Ríos, pidió invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024. Afirmó que faltaba en el expediente la nota diplomática utilizada para solicitar permiso a Estados Unidos para procesar a Duarte por esta nueva imputación y que la respuesta del gobierno estadounidense —fechada el 2 de diciembre de 2025— no cumplía con formalidades como sello, firma autenticada o apostilla.
La jueza rechazó los argumentos: aseguró que no tiene facultades para anular una orden de otro juzgador y confirmó la legalidad de la detención. Coincidió además con el Ministerio Público en que existe riesgo procesal, por lo que impuso la prisión preventiva justificada.
Vinculación a proceso se decidirá el fin de semana
Con la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, la audiencia para definir si Duarte será vinculado a proceso se realizará el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2025, nuevamente en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.
La orden de captura tardó más de un año en ejecutarse debido a la necesidad de autorización del gobierno de Estados Unidos, ya que Duarte fue extraditado previamente por otros delitos. El permiso estadounidense finalmente llegó el 4 de diciembre de 2025, habilitando a la FGR para proceder con esta nueva causa penal.
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