Este viernes 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, firmó sin presión externa una carta en la que reconoce su culpabilidad en un cuarteto de delitos de alto impacto, ante la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.
La audiencia fue presidida por la jueza federal Sharon Johnson Coleman. Guzmán López aceptó de manera voluntaria su responsabilidad en cuatro delitos graves:
- Tráfico internacional de drogas, incluyendo fentanilo.
2. Pertenencia y liderazgo en una organización criminal (Cártel de Sinaloa).
3. Lavado de dinero.
4. Posesión y uso de armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Como parte del acuerdo judicial, Guzmán López se comprometió a pagar una sanción económica de 80 millones de dólares y a colaborar con las autoridades estadounidenses. La declaración de culpabilidad fue resultado de un acuerdo con la fiscalía estadounidense, que contempla la posibilidad de una reducción de condena a cambio de “asistencia sustancial” en investigaciones abiertas sobre el Cártel de Sinaloa y otras redes criminales. La sentencia será determinada en una audiencia posterior.
Fiscalía General de la República reacciona de forma inmediata
El acuerdo firmado por Ovidio Guzmán no involucra al gobierno mexicano en la negociación, según declaraciones de su defensa y de autoridades mexicanas. Sin embargo, y a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó estar dispuesta a recibir y documentar cualquier denuncia derivada de las declaraciones realizadas en la audiencia, la dependencia emitió esta tarde un comunicado en el que se muestra insatisfacción por el hecho de que los sacrificios y las bajas sufridas por las fuerzas mexicanas del orden queden fuera de algunas narrativas mediáticas que, al calor del proceso judicial del capo, ya empiezan a cobrar fuerza.
En este tenor, el comunicado de la Fiscalía rechaza «de manera absoluta y contundente» descalificaciones que considera «injustas» e «irresponsables«, sin pruebas, y atribuidas a un «oportunismo mediático».
La FGR indicó su disposición a recibir y documentar «de inmediato» cualquier denuncia relacionada, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos, a través de los consulados y la Embajada de México. Refrendó que, de acuerdo con las leyes mexicanas, cualquier persona que conozca un delito tiene la obligación de denunciarlo y aportar pruebas, incurriendo en una infracción legal si no lo hace.
Respecto al caso específico de Ovidio Guzmán López, el comunicado recordó que fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos en un operativo del Ejército Mexicano en septiembre de 2023, en el cual fallecieron diez elementos militares. Señaló que Guzmán López fue imputado por diversos delitos en Illinois y que, después de acuerdos judiciales y retrasos, hoy aceptó su culpabilidad en los principales cargos, asumiendo su responsabilidad penal y la prisión.
Finalmente, la FGR informó que Guzmán López se comprometió a ser testigo y declarar en juicios de otros miembros de la delincuencia organizada, colaborando con las autoridades estadounidenses, y que la Fiscalía Federal de Estados Unidos propuso una pena de prisión de por vida y el pago de aproximadamente 80 millones de dólares. El comunicado subrayó que estos resultados tienen como origen fundamental las tareas de las autoridades mexicanas, demostrando su «compromiso de legalidad».
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