El expresidente Vicente Fox y un grupo de exgobernadores del PAN cerraron filas en defensa de Ernesto Ruffo Appel, vinculado a proceso por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. Los panistas calificaron al exmandatario de Baja California como “preso político” y atribuyeron el procedimiento judicial a una supuesta persecución del Gobierno de México.
La defensa pública ocurrió después de que un juez determinó procesar a Ruffo por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en una investigación que también incluye a otras siete personas. La Fiscalía sostiene que el exgobernador habría participado en un esquema de huachicol fiscal, señalamiento que él rechaza y que todavía deberá resolverse durante el juicio.
Fox aseguró que conoce la trayectoria y vida personal de Ruffo, argumento con el que pretendió respaldar su inocencia por encima de los indicios valorados por el juez. Además, pidió que enfrente el proceso desde su domicilio debido a que supera los 70 años y presenta problemas de salud, mientras exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
El PAN convierte el proceso judicial en ofensiva política
Durante una conferencia organizada por Unidos por México, Fox aprovechó el caso para lanzar un llamado a terminar con el gobierno de Morena, al que responsabilizó de deteriorar el Estado de derecho. El expresidente presentó la vinculación a proceso como un ataque contra la democracia rumbo a 2030, pese a que la resolución provino de un juez y no constituye una sentencia definitiva.
A la defensa se sumaron los exgobernadores Juan Carlos Romero Hicks, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Miguel Ángel Márquez, quienes cuestionaron el traslado de Ruffo a una prisión de máxima seguridad. Romero Hicks llegó a presentarlo como mártir y referente democrático, mientras el grupo denunció un supuesto uso selectivo y mediático de la justicia.
El posicionamiento, respaldado por exmandatarios panistas, refleja la estrategia de la derecha de trasladar un expediente penal al terreno de la confrontación partidista. Ruffo conserva su derecho a la defensa y a un juicio justo, pero el respaldo político de Fox no elimina las acusaciones ni sustituye el análisis judicial de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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