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Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, sale de prisión en Brooklyn tras presunto acuerdo con EE.UU.

El exfuncionario enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico y delitos vinculados con armas.

Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó la prisión federal de Brooklyn el pasado 11 de agosto, luego de permanecer cerca de tres meses bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El exfuncionario había quedado en manos del gobierno de Estados Unidos desde el 11 de mayo, cuando se entregó voluntariamente para enfrentar el proceso abierto en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Hasta ahora no existe información pública que confirme su ingreso a otro centro penitenciario, aunque continuaría sujeto a las autoridades federales de ese país.

Mérida Sánchez enfrenta acusaciones relacionadas con su etapa al frente de la seguridad pública de Sinaloa. De acuerdo con el expediente en su contra, presuntamente habría utilizado su cargo para favorecer operaciones vinculadas con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las autoridades estadounidenses también señalan que el exsecretario habría proporcionado protección e información sobre operativos, además de presuntamente recibir sobornos a cambio de beneficiar las actividades del grupo criminal. Estas acusaciones forman parte del proceso judicial y deberán ser determinadas ante los tribunales.

La salida de Mérida del penal de Brooklyn ha generado versiones sobre una posible negociación o colaboración con el gobierno estadounidense, similar a otros casos de integrantes o personas vinculadas con organizaciones criminales que han alcanzado acuerdos con fiscales. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el exfuncionario haya firmado algún convenio de cooperación.

Por ello, su salida de prisión no significa necesariamente que haya quedado en libertad ni que los cargos hayan sido retirados. Su situación jurídica permanece ligada al procedimiento que enfrenta en Estados Unidos y a las decisiones que adopten fiscales y autoridades judiciales durante las siguientes etapas del caso.

Fotografía: Redes

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