La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión que sostuvo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitó formalmente la extradición de dos individuos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en 2014.
La mandataria explicó que esta petición fue comunicada previamente a los familiares de las víctimas y fue abordada directamente con el funcionario estadounidense, enfatizando la sensibilidad y la importancia que tiene este caso para México. Sin embargo, Sheinbaum no dio detalles sobre la identidad de estas personas ni sobre la respuesta recibida de las autoridades estadounidenses.
Los familiares de los estudiantes han solicitado en diversas ocasiones la extradición de José Ulises Bernabé García, quien reside en Estados Unidos y fue juez en Barandilla de Iguala durante los hechos. Aunque este caso enfrenta complicaciones legales debido a que Bernabé García cuenta con asilo político en ese país, la presidenta reconoció que él podría aportar información valiosa al esclarecimiento del caso.
Recientemente, los padres y madres de los normalistas expresaron su descontento tras una reunión con Sheinbaum, en la que se les presentó una línea de investigación basada en el análisis de llamadas telefónicas del día de la desaparición. Sin embargo, consideraron que los avances en la investigación han sido insuficientes y que falta concreción en los resultados.
El abogado que representa a las familias, Isidoro Vicario, destacó que, aunque existe una disposición de la Presidenta, es necesario que esta se traduzca en hechos palpables para que las indagatorias progresen. Además, algunos padres señalaron que se han abandonado otras líneas de investigación importantes, como aquellas relacionadas con documentos militares, lo que consideran un retroceso en el proceso.
Asimismo, Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó que el Estado continúa protegiendo a funcionarios anteriores que podrían estar involucrados en el caso, lo que añade incertidumbre y desconfianza en la búsqueda de justicia.
A casi 11 años de la tragedia, el caso enfrenta complicaciones adicionales. En junio, un Tribunal Colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, aunque permanece preso por otros cargos. En julio, Rosendo Gómez Piedra, quien encabezaba la Unidad Especial de Investigación del caso, renunció tras señalamientos de corrupción por parte de las familias.
Finalmente, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, que durante casi 11 años representó legalmente a los familiares, también anunció su renuncia por motivos personales y de salud, dejando un vacío importante en el acompañamiento jurídico a los afectados.
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