El Gobierno de México decretó un incremento histórico a los aranceles del azúcar importada, con tasas de entre 156% y 210.44%, como medida para proteger a la agroindustria nacional ante la caída de precios internacionales y el exceso de oferta global del endulzante.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía el lunes 11 de noviembre y puesto en vigor el día de hoy, argumenta que el arancel previo era insuficiente para resguardar la estabilidad del sector. Con esta disposición, el gobierno busca salvaguardar empleos y evitar el colapso de una cadena productiva que involucra a más de 2.5 millones de personas en 15 estados del país.
La medida fue respaldada por los empresarios de la industria azucarera nacional, quienes calificaron la decisión como un paso para restablecer la soberanía alimentaria y frenar el ingreso de más de un millón de toneladas de azúcar extranjera que, aseguran, ha deprimido el precio nacional desde 1994.
Productores cañeros exigen precio justo para el azúcar nacional
Desde Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle celebró el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que la medida responde a la demanda de miles de familias cañeras que han sufrido pérdidas por la entrada de productos más baratos del exterior. Consideró que el ajuste arancelario corrige una competencia desleal y permite fortalecer el mercado interno sin afectar al consumidor final.
Sin embargo, en el campo mexicano persiste la inconformidad. En Oaxaca y Veracruz, productores cañeros bloquearon carreteras y tomaron casetas para exigir un precio de garantía de 300 pesos por tonelada de caña, así como mayores apoyos al sector agrícola. Denunciaron que, pese al decreto, la rentabilidad del campo sigue en riesgo debido al aumento en los costos de producción y la falta de subsidios.
Los manifestantes advirtieron que el alza de aranceles es sólo una parte del problema: sin políticas de precios estables y apoyos estructurales, el sector seguirá vulnerable a la especulación y al abandono rural. Líderes cañeros exigieron diálogo directo con el gobierno federal para definir una política integral de comercialización que garantice ingresos dignos.
El debate sobre el azúcar evidencia un dilema recurrente en la política agrícola mexicana: la defensa del mercado interno frente al libre comercio, y la urgencia de transformar los decretos de protección en una estrategia sostenible de justicia económica para el campo.
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